Representantes de la Comisión Europea quieren reabrir el debate sobre el paquete de movilidad

Los críticos con el llamado Paquete de Movilidad, aprobado por la Unión Europea el año pasado y que ha supuesto un vuelco de las normativa  que rige el transporte por carretera en la UE, vuelven a la carga, de la mano de la actual Comisaria de Transportes, Adina Valean, sensible desde el primer momento a los argumentos contrarios presentados  fundamentalmente por los países de Este. 

Inmediatamente después de su aprobación, la Comisaria de Transportes encargó varios informes  para estudiar la repercusión real de esta nueva normativa en las empresas de transporte por carretera. En concreto,  la Comisión Europea encargó dos estudios para evaluar las repercusiones previstas de dos aspectos del Paquete de Movilidad I: la obligación de retorno y las cuotas de cabotaje. Se desarrolló un enfoque de escenarios para representar las posibles respuestas del mercado a la obligación de retorno y derivar los impactos en la actividad del transporte, el medio ambiente y la congestión.

Ahora, y en base a los resultados de  dos estudios (uno de ellos recientemente finalizado) representantes de la Comisión pretenden reabrir un nuevo debate con los Estados miembros, el Parlamento Europeo y las partes interesadas sobre los posibles caminos a seguir, basándose en los datos y las conclusiones de los dos estudios.

En general, los resultados de los estudios sugieren que la obligación de retorno de los camiones y las cuotas impuestas a las operaciones de transporte combinado pueden tener efectos negativos sobre la actividad de transporte y el medio ambiente.

Impacto en las emisiones de CO2

Los críticos del Paquete de Movilidad también han señalado un posible choque entre la nueva normativa y el ambicioso plan de la UE "Green New Deal", ya que la obligación de que los camiones vuelvan a su base de origen de forma regular probablemente provoque un aumento de las emisiones de CO2 y ponga en peligro los objetivos medioambientales de los programas de los Estados miembros.

Además, los costes de la contaminación atmosférica debidos a los efectos negativos sobre la salud y otros daños se estimaron en 25,9 millones de euros asociados a un aumento de las emisiones de NOx y PM2,5 en 2023 en la hipótesis de cumplimiento simple del mercado. En el caso de las hipótesis de reestructuración, se prevé que estos costes oscilen entre 4,5 y 7,2 millones de euros.

El estudio centrado en las cuotas de cabotaje para las operaciones de transporte combinado internacional estima que un uso generalizado por parte de los Estados miembros de la opción de introducirlas podría dar lugar a 397.000 toneladas adicionales de emisiones de CO2 y a posibles efectos negativos a largo plazo en el transporte ferroviario e intermodal de mercancías.

Teniendo en cuenta los resultados de ambos estudios, las dos disposiciones podrían provocar hasta 3,3 millones de toneladas adicionales de emisiones de CO2 al año, lo que es comparable a las emisiones totales del transporte en Estonia durante un año. También podrían generar hasta 704 toneladas de óxidos de nitrógeno (NOx) y 251 toneladas de partículas (PM2,5).

La intención de la Comisión es abrir un debate con los Estados miembros, el Parlamento Europeo y todas las partes interesadas sobre las posibles formas de avanzar, basándose en los datos y conclusiones de los dos estudios.

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