A partir del 8 de enero de 2018 pretende exigir una tasa de 40 euros por cada trabajador desplazado en territorio francés
Frente al llamamiento de la Comisión Europea que a finales de este mes, tal y como informamos ayer, va a publicar un paquete de medidas que debe dar respuesta armonizada a los grandes desafíos en materia de transporte intracomunitario, Francia sigue estableciendo sus propias reglas de juego. Después de establecer la nueva regulación francesa sobre desplazamiento temporal de trabajadores en dicho país (Ley Macron), que entró en vigor Julio de 2016, que posteriormente sufrió una vuelta de tuerca el pasado mes de enero, con la obligación de acreditar el cumplimiento de dicha regulación a través de una aplicación informática en la página web del Ministerio de Empleo, ahora se suma la pretensión de exigir una tasa de 40 euros por cada trabajador desplazado en territorio francés. La excusa que recoge el Decreto de desarrollo de la Ley 2016-1088 relativa al trabajo, en el que se ha publicado, es la necesidad de contribuir financieramente a compensar los costes de la puesta en marcha y funcionamiento del sistema informático de control de los trabajadores desplazados.
Como se recordará, en cumplimiento de la llamada Ley Macron, todas las empresas transportistas que se desplacen a dicho país para realizar transporte internacional o interior (cabotaje) deberán llevar a bordo de los vehículos de transporte la documentación obligatoria acreditativa de que el conductor asalariado percibe, al menos, el salario mínimo establecido en el país galo, lo que debe justificarse mediante la expedición de un certificado de desplazamiento, en el que figuran los datos de la empresa transportista, del conductor y su retribución salarial, así como una copia del contrato de trabajo. Posteriormente, en enero, la obligación de acreditar el cumplimiento de dicha regulación se estableció a través de una aplicación informática en la página web del Ministerio de Empleo francés (denominado SIPSI), y posteriormente entregar copia de dicho documento al conductor para llevarlo a bordo del vehículo. El objetivo de esta nueva exigencia de tramitar el cumplimiento de la regulación del salario mínimo por vía electrónica era facilitar a las autoridades francesas un mayor control del cumplimiento de la Ley Macrón, así como disponer de un estudio estadístico sobre la situación de los trabajadores desplazados en Francia, según indicó en su día el propio Gobierno francés.
A la espera de que se publique la Orden Ministerial que fije las condiciones de su puesta en marcha y de funcionamiento del sistema de telepago, que retrasaría su entrada en vigor hasta enero del año que viene, ya han surgido las primeras protestas por considerar que el nuevo Decreto contraviene la normativa comunitaria. En opinión de Fenadismer, “la imposición de dicha tasa vulnera manifiestamente la Directiva europea sobre desplazamiento de trabajadores desplazados así como por afectar a los principios fundamentales de libre circulación de personas y mercancías establecidos en el Tratado de la Unión Europea”.
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