Los plazos de pago a transportistas bajan a mínimos históricos: 54 días de media en febrero

El sector del transporte por carretera en España continúa consolidando la mejora en los plazos de pago. Según los últimos datos del Observatorio permanente de la morosidad, el pasado mes de febrero marcó un nuevo hito al situar el periodo medio de pago en 54 días, la cifra más baja registrada hasta la fecha.

Este dato confirma la tendencia descendente iniciada tras la entrada en vigor del régimen sancionador contra la morosidad a finales de 2021, que ha permitido reducir los plazos desde los 83 días de media en 2021 hasta los 59 días en 2025, con varios meses ya por debajo del límite legal de 60 días.

Mejora sostenida, pero con incumplimientos relevantes

A pesar del avance, el informe pone de manifiesto que el 43% de los clientes de los transportistas sigue pagando fuera de plazo, lo que evidencia que el problema de la morosidad aún no está completamente resuelto.

Dentro de estos incumplimientos, no obstante,  se constata que el 71% corresponde a retrasos leves, con pagos entre 60 y 90 días. Sin embargo, aún persiste un  6% de las empresas que  paga a más de 120 días, reflejando casos más graves de morosidad estructural.

La mejora registrada en febrero supone además una reducción de cinco días respecto a diciembre, reforzando una evolución positiva que el sector atribuye, en gran medida, a la intensificación de la actividad inspectora por parte de la Administración.

Transferencia y confirming dominan los pagos

En cuanto a los métodos de pago, el estudio confirma la consolidación de los instrumentos electrónicos, con un predominio muy elevado de la transferencia bancaria, en el 69%  de los casos, seguido por el confirming (27%).

Estos datos reflejan una progresiva modernización en los sistemas de pago, aunque sin impacto directo en la reducción de los plazos en los casos de incumplimiento.

El sector pide mantener la presión inspectora

Desde Fenadismer han  valorado positivamente la evolución de los últimos años, pero insisten en que la mejora no debe conducir a la relajación de los controles. La federación considera clave que las administraciones —tanto estatales como autonómicas— mantengan e intensifiquen las labores de inspección para lograr un cumplimiento generalizado de la normativa.

El reto ahora, apuntan desde el sector, es consolidar estos avances y reducir progresivamente el porcentaje de empresas que aún operan fuera de los límites legales.