Conductores extracomunitarios: Clave para cubrir en Europa 500.000 vacantes en el transporte por carretera.

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La captación e integración de conductores profesionales de camión y autobús procedentes de terceros países se perfila como una herramienta clave para afrontar la escasez estructural de estos profesionales en la Unión Europea, donde actualmente existen en torno a 500.000 puestos vacantes. Así lo concluye el estudio ‘Conductores de Autobuses y Camiones Procedentes de Terceros Países’, elaborado por la IRU para la Comisión Europea.

La estrategia que ya está sobre la mesa de las instituciones comunitarias: abrir de forma ordenada y coordinada el mercado laboral europeo al talento profesional de terceros países para preservar la competitividad y la resiliencia del sistema logístico europeo.

De hecho, el  llamado Paquete sobre Habilidades y Movilidad del Talento presentado por la Comisión Europea en noviembre de 2023, ya  reconoce que la competitividad de la UE depende de su capacidad para atraer profesionales cualificados.

El informe respalda  esta línea de trabajo, matizando que considera la contratación de talento extracomunitario como una “medida complementaria” para aliviar la presión estructural sobre el mercado laboral del transporte por carretera.

Medida complementaria, no  solución única

Desde IRU se insiste en que la contratación de conductores extracomunitarios no constituye una solución aislada, sino complementaria a otras medidas estructurales. Entre ellas, la atracción de jóvenes y mujeres —que actualmente representan menos del 10% de la fuerza laboral del sector—, la mejora de las condiciones laborales y el refuerzo de la formación.

Raluca Marian, directora de Relaciones con la UE de IRU, subraya que la escasez de conductores responde a factores estructurales como el envejecimiento de la plantilla y la insuficiente incorporación de nuevo talento, por lo que exige un enfoque amplio y sostenido en el tiempo.

Entre las recomendaciones del estudio figuran:

• Simplificación, armonización y proyectos piloto
• Simplificar y armonizar los procedimientos administrativos entre Estados miembros.
• Establecer vías rápidas (fast-track) cuando sea posible, sin rebajar estándares de seguridad y cualificación.
• Impulsar proyectos piloto y procesos de digitalización a través de la iniciativa SDM4EU de IRU, orientada a transformar el análisis normativo en esquemas operativos que garanticen una movilidad segura y regulada.

Barreras legales y costes de hasta 20.000 euros por conductor

El análisis identifica importantes obstáculos legales, administrativos y formativos que dificultan la incorporación de conductores de fuera de la UE. Los itinerarios varían considerablemente entre Estados miembros, al combinar normativa europea y regulaciones nacionales, lo que genera duplicidades y procesos complejos.

Los plazos de tramitación pueden extenderse entre seis y doce meses y suponer costes de hasta 20.000 euros por conductor, incluyendo formación, intermediación y gestión administrativa.

Entre los principales cuellos de botella destacan:

• Permiso de conducir: en muchos casos es necesario canjear el permiso extranjero por uno europeo, lo que puede implicar exámenes adicionales si no existen acuerdos bilaterales.
• Certificado de Aptitud Profesional (CAP/CPC): las cualificaciones de terceros países generalmente no son reconocidas, obligando a realizar la formación inicial en el Estado miembro. Además, se exige una residencia mínima de 185 días para acceder a dicha formación.

Buenas prácticas en España y Polonia

El estudio también identifica experiencias que podrían servir de referencia para una futura armonización europea.

En España, bajo determinadas condiciones, los aspirantes pueden acceder mediante visado de estudiante para realizar la formación necesaria para obtener el CAP, lo que facilita el proceso respecto a otras vías. Asimismo, se valora la coordinación interministerial, citando el protocolo de cooperación suscrito en 2023 entre los ministerios competentes.

Por otro lado, en Polonia se permite a ciudadanos de Ucrania, Bielorrusia, Armenia, Georgia y Moldavia trabajar durante dos años mediante una declaración escrita registrada, sin necesidad de permiso de trabajo tradicional, lo que agiliza significativamente la incorporación