A su juicio no se puede obviar la repercusión que esta medida tendría sobre la seguridad vial, el deterioro de las infraestructuras viarias y el daño social y económico que supondría la desaparición de miles de puestos de trabajo de conductor, entre otros
La Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM) acudió el pasado viernes 5 de abril a la Jornada ‘Las 44 toneladas, a debate’, organizada por la patronal de logística UNO, en la que se debatió la ampliación de los pesos y dimensiones máximos actuales para camiones de transporte de mercancías por carretera.
Durante la misma, los representantes de la CETM han tenido la oportunidad de recordar públicamente a todos los asistentes que la introducción de las 44 toneladas “estaría vinculada en cualquier caso al paquete de negociación entre el Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC), con las principales asociaciones de cargadores (Aecoc, Aeutransmer y Transprime) y la Administración”.
Este paquete, que ya es conocido, incluye, entre otras medidas, la eliminación de los tiempos de espera en las operaciones de carga y descarga, la revisión del precio del transporte en función del coste del combustible, la reducción de los plazos de pago, etc. “Lamentablemente, afirman fuentes de la Confederación- las negociaciones mantenidas durante más de dos años entre la CETM y el resto de las organizaciones integradas en el CNTC, con las asociaciones de cargadores, han sido infructuosas, y sería el momento, tal como recientemente trasladó el presidente del CNTC y de la CETM (en funciones), Carmelo González, en el Foro de Transportes de AECOC, de sentarse y continuar buscando un acercamiento de posiciones sobre todos los puntos planteados, dentro de un único paquete”.
Asimismo, añaden estas fuentes, “no se puede hablar con propiedad de mejoras medioambientales y de eficiencia, principales argumentos esgrimidos por los partidarios de la puesta en marcha de las 44 toneladas, sin haberse estudiado adecuadamente la incidencia, impacto y repercusión que esta medida tendría sobre elementos tan importantes como la seguridad vial, el deterioro de las infraestructuras viarias y el daño social y económico que supondría la desaparición de miles de puestos de trabajo de conductor, entre otros”.
En este sentido la Directora General de Transporte Terrestre, Mercedes Gómez, ha insistido en la necesidad de que exista un dialogo y acuerdo entre las partes (transportistas y cargadores), para tener el apoyo de la Administración.
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