El sector critica que el importe de las ayudas dependa de la evolución mensual de la fiscalidad de los carburantes y reclama al Gobierno que aclare el marco vigente
Las empresas de transporte por carretera y los autónomos afrontan un escenario de creciente incertidumbre en torno a las ayudas al combustible aprobadas por el Gobierno para hacer frente al impacto económico de la crisis de Oriente Medio. Esa es al menos la denuncia que plantean desde Fenadismer, que provoca, a su juicio que “el sistema establecido en el Real Decreto-ley 18/2026, aprobado a finales de junio, introduce una variabilidad que dificulta conocer con antelación el importe de las ayudas y, por tanto, planificar los costes de explotación”.
La principal diferencia respecto al primer paquete de medidas aprobado en marzo es el mecanismo utilizado para determinar las ayudas. Mientras entonces el sector disponía de un marco más estable, el nuevo sistema vincula parte de las medidas a la evolución de la fiscalidad de los carburantes para los particulares, lo que puede provocar modificaciones en las bonificaciones aplicables.
La situación, según denuncia la organización empresarial, obliga a las empresas transportistas a afrontar una planificación económica con un elevado grado de incertidumbre, especialmente en un sector en el que el combustible constituye uno de los principales componentes de los costes de explotación.
El gasóleo profesional, condicionado por la fiscalidad
Uno de los principales focos de incertidumbre se encuentra en las ayudas vinculadas al gasóleo profesional. El esquema inicialmente previsto contemplaba una ayuda de 0,10 euros por litro en julio, 0,15 euros en agosto y 0,20 euros en septiembre. Sin embargo, la aplicación de las cláusulas automáticas vinculadas a la evolución de los tipos del Impuesto sobre Hidrocarburos puede modificar estas cantidades.
De esta manera, el importe efectivo de la ayuda puede situarse en determinados escenarios en 0,05 o 0,10 euros por litro, en función de los tramos fiscales aplicables.
El repunte de los precios internacionales del petróleo ha provocado además la activación de mecanismos previstos en el propio decreto. El Gobierno anunció un incremento de la reducción fiscal prevista para septiembre, lo que, a juicio del sector, pone de manifiesto precisamente la dificultad para conocer con suficiente antelación cuál será la ayuda efectiva.
En opinión de Fenadismer, “para una empresa de transporte, esta incertidumbre tiene un impacto directo sobre la elaboración de presupuestos, la previsión de tesorería y el cálculo de los costes de cada operación”.
También afecta a los vehículos sin gasóleo profesional
La incertidumbre no se limita a los transportistas acogidos al gasóleo profesional. Las empresas y autónomos cuyos vehículos no pueden beneficiarse de este sistema y que reciben ayudas directas también se enfrentan a dificultades para determinar con precisión el impacto final de las medidas sobre sus costes.
En estos casos, la evolución del precio del combustible repercute directamente en los costes de explotación y, en consecuencia, en las tarifas necesarias para mantener la rentabilidad de las operaciones.
“El problema-denuncian- se agrava cuando las empresas deben negociar precios o planificar servicios con varios meses de antelación sin disponer de un marco suficientemente estable sobre la evolución de las ayudas”.
El transporte reclama un marco estable
Estas mismas fuentes consideran que el modelo aplicado en marzo ofrecía una mayor previsibilidad y permitía a las empresas conocer de antemano el escenario económico al que tendrían que hacer frente.
“Frente a ello-critican- el mecanismo actualmente vigente introduce una revisión condicionada a la evolución de determinados parámetros fiscales, generando un sistema que obliga a actualizar los cálculos prácticamente mes a mes”.
Por ello, la organización empresarial reclama al Gobierno que facilite información actualizada, precisa y transparente sobre el marco de ayudas realmente aplicable al transporte por carretera.
Presión sobre los costes de transporte
El objetivo es que las empresas puedan conocer con suficiente antelación las cantidades que podrán percibir y trasladar esa información a sus previsiones de costes y de tesorería.
Sobre todo, teniendo en cuenta que el sector atraviesa un momento en el que el precio de los carburantes continúa siendo uno de los principales factores de presión sobre los costes del transporte.
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