Pretende ahorrarse los 65 millones de euros de costes anuales asociados al mantenimiento, conservación y personal de estas vías pero no detalla las medidas que se tomarán para qe no vuleva a ocurrir lo mismo
Si finalmente los tribunales de justicia deciden, como todo parece apuntar, que las autopistas de peaje en quiebra reviertan al Estado, el Ministerio de Fomento tiene previsto volver a sacar a licitación, las concesiones de estas autopistas que actualmente se encuentran en concurso de acreedores a fin de evitar los costes de 65 millones de euros anuales asociados al mantenimiento, conservación y personal de estas ocho vías.
El Ministerio de Fomento espera, además, compensar con los ingresos que se generarían con estas licitaciones, en gran medida, el coste de la Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA) que debe asumir al quedarse en propiedad estas autopistas.
Desde Fomento se han apresurado a declarar que “de llevarse a cabo dichas relicitaciones, estas se harán en condiciones que eviten que la situación que ha derivado en la liquidación de estas concesionarias se vuelva a repetir ya que se han llevado a cabo los cambios legislativos preceptivos para ello”, pero no se detallan los cambios que se han producido.
Lo que si parece cierto es que el tráfico en las ocho concesiones con problemas económicos creció en febrero un 10,5% con respecto al mismo mes de 2016. En el acumulado del año 2017, el incremento se sitúa en el 9,5% con respecto al mismo periodo del año anterior.
Cabe recordar, además, que las relicitaciones se llevarían a cabo en cualquier caso en un momento próximo al inicio del periodo de explotación de estas autopistas, que tuvo lugar entre los años 2003 y 2007, y, lejos aún, de la fecha de fin de concesión, que oscila entre 2027 y 2065 y, por lo tanto, lejos también de la amortización de la inversión realizada.
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El Ministerio de Fomento espera, además, compensar con los ingresos que se generarían con estas licitaciones, en gran medida, el coste de la Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA) que debe asumir al quedarse en propiedad estas autopistas.
Desde Fomento se han apresurado a declarar que “de llevarse a cabo dichas relicitaciones, estas se harán en condiciones que eviten que la situación que ha derivado en la liquidación de estas concesionarias se vuelva a repetir ya que se han llevado a cabo los cambios legislativos preceptivos para ello”, pero no se detallan los cambios que se han producido.
Lo que si parece cierto es que el tráfico en las ocho concesiones con problemas económicos creció en febrero un 10,5% con respecto al mismo mes de 2016. En el acumulado del año 2017, el incremento se sitúa en el 9,5% con respecto al mismo periodo del año anterior.
Cabe recordar, además, que las relicitaciones se llevarían a cabo en cualquier caso en un momento próximo al inicio del periodo de explotación de estas autopistas, que tuvo lugar entre los años 2003 y 2007, y, lejos aún, de la fecha de fin de concesión, que oscila entre 2027 y 2065 y, por lo tanto, lejos también de la amortización de la inversión realizada.
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