El Gobierno rescatará en Febrero las autopistas de peaje en quiebra

Asume unas pérdidas que oscilan entre los 2.000 y los 4.500 millones de euros a los que habrá que restar lo que ingrese con la nueva licitación

El Gobierno del Partido Popular finalmente va a asumir la responsabilidad patrimonial a la que quedó comprometido  en su día por los contratos de licitación que firmó el Gobierno presidido por José María Aznar,  y empezará  a hacerse cargo a partir de febrero de las autopistas de peaje quebradas.  Según los cálculos que  maneja el Ministerio  de Fomento,  el erario público deberá asumir unas pérdidas que oscilan entre  un cálculo optimista (el que maneja el Gobierno)  de unos  2.000 millones y  los 4.500  que calculan los acreedores (en este momento en manos de fondos buitre) en concepto de Responsabilidad Patrimonial de las Administraciones Públicas (RPA).
A estas cuentas, que deberemos abonar todos, habría que restar lo que  el Gobierno espera recuperar cuando vuelva a sacar a concurso las autopistas quebradas,  entre 700 y 1.000 millones. Lo cierto es que según los pronósticos recogidos por el propio Plan de Estabilidad elaborado por el Gobierno,  la factura que nos quedará y que será abonada con fondos públicos ascenderá a entre 1.000 y 3.800 millones de euros, en el peor de los casos.
La primera de las autopistas quebradas en revertir a la empresa pública Seittsa (Sociedad Estatal de Infraestructuras Terrestres) será la R-4 Madrid-Ocaña, en febrero. El rescate continuará en marzo para la mayoría de las vías, esto es, las otras tres radiales de Madrid (R-2, R-3 y R-5), la M-12 que une la capital con el aeropuerto de Barajas, la Ocaña-La Roda, Cartagena-Vera y la Circunvalación de Alicante. La última vía que se rescatará y será asumida por la Administración será así la AP-41 Madrid-Toledo.
La intención es que mantengan su titularidad pública durante este año, hasta que en diciembre de 2018 vuelvan a ser sacadas a concurso. No deja de resultar paradógico que,  según fuentes  del Ministerio de Fomento  no exite ningún impedimento para que las mismas constructoras que llevaron a la quiebra estas autopistas, puedan licitar de nuevo  por estas infraestructuras.

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