El Gobierno español prevé volver a licitar antes de 2019 ocho autopistas de peaje quebradas hace cuatro años, tras asumir su control y mantenimiento con un coste multimillonario para las arcas públicas.
La empresa estatal SEITTSA, que se hará cargo de la explotación de las vías en 2018 y de su relicitación posterior, muestra que esta última “no excederá del 31 de diciembre de 2018”, según el convenio de gestión de las autopistas entre el Ministerio de Fomento y SEITTSA publicado en el BOE.
El Ejecutivo no ha logrado en los últimos años cerrar un acuerdo para reequilibrar los contratos de las autopistas con las empresas concesionarias, por lo que finalmente anunció que asumirá el control de las autopistas en quiebra, actualmente en concurso de acreedores, con la intención de relicitarlas después de que un juez determine la reversión de las concesiones.
La empresa pública prevé comenzar a explotar siete de las ocho autopistas desde enero de 2018, y la octava (Autopista Madrid-Toledo) desde abril del mismo año, en un ejercicio en el que prevé ingresar 104 millones de euros con estas vías, con un beneficio neto de 34 millones de euros.
La fuerte caída del tráfico en los primeros años de la crisis fue el desencadenante para la quiebra de estas autopistas, que pidieron el concurso de acreedores, bajo el argumento de que los ingresos de peaje no garantizaban a las empresas concesionarias recuperar las inversiones realizadas en la construcción.
El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, dijo en abril que las arcas públicas tendrían que pagar algo menos de 3.000 millones de euros en concepto de responsabilidad patrimonial en la operación, aunque el Tribunal de Cuentas estimó la responsabilidad patrimonial en 3.718 millones de euros. En cualquiera de los casos, los analistas creen que se trata de una cantidad difícilmente recuperable en una futura relicitación.
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