Futuro incierto para el sector del transporte en Madrid: El TSJM anula la moratoria a furgonetas con etiqueta B

La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que declara nula la moratoria de un año aprobada por el Ayuntamiento de Madrid por la que permitía la entrada de furgonetas con etiqueta B en Madrid Central, hasta el 31 de diciembre de este año, abre un futuro incierto al abastecimiento de la capital.

Después de conocer el contenido de la sentencia, desde la Asociación de Transportistas Autónomos,  ATA,  se traslada la preocupación del sector, “ante la certeza de que el 60% de las furgonetas que realizan transporte de mercancías en la capital, están catalogados con distintivo B y por tanto quedan afectados por esta nulidad de la moratoria”.

Cabe recordar que la moratoria permitía que hasta el 31 de diciembre de 2023 pudieran acceder a la ZBEDEP Distrito Centro los vehículos a motor de repartidores con, al menos, cuatro ruedas y MMA no superior a 3.500 kilogramos que dispongan de clasificación ambiental B.

Decisiones realistas y posibilistas

La asociación, que agrupa de forma mayoritaria a los transportistas autónomos de Madrid con vehículo ligero, denuncia que  “la situación idílica que se plantea en el horizonte, nada tiene que ver con la realidad”, sino más bien todo lo contrario:  “El transporte-afirman- está atravesando una situación compleja en la que la renovación de flota no es tarea fácil en el corto plazo”.

Por eso, piden que se tomen “decisiones realistas y posibilistas, basadas en la realidad, alejadas de las ideologías o las voluntades y conveniencias políticas”, ya que lo que está en juego es  “el abastecimiento de miles de personas”, una cuestión que  “resulta lo suficientemente seria como para no asumirse decisiones sin pensar en las consecuencias inmediatas de estas”, señala Antonio Villaverde, presidente de ATA.

Tal y como señala Villaverde, “la desaparición del 60% de las furgonetas de reparto de mercancías, en esta zona de la capital en un periodo corto de tiempo, supondría un problema que obligaría, con toda seguridad, a tomar medidas verdaderamente excepcionales con carácter de urgencia, para retraer una decisión que ahora se ha impulsado al abrigo de criterios idealistas y nada realistas”.

ATA insiste en señalar que no existe rechazo por parte de las organizaciones a proceder a la renovación de flotas, si bien se reclama un calendario más flexible y realista, alejado de la demagogia, ante la imposibilidad de cumplir los plazos señalados y las graves consecuencias que podría acarrear.