En el texto, además de la subida de las cotizaciones mínimas por el incremento del Salario Mínimo Interprofesional,   hay al menos tres puntos claves que afectan directamente a los más de 3.200.000 autónomos que hay en España.

El Gobierno socialista de Pedro Sánchez ha cerrado en las últimas horas un acuerdo con el líder de Podemos, Pablo Iglesias, con el que se sientan la bases del futuro texto presupuestario. Algunas de las medidas contenidas, al margen de la polémica que han suscitado,  tienen un  marcado carácter social entre las que destacan la subida del Salario Mínimo Interprofesional hasta los 900 euros (incrementaría 164 euros con respecto a la cifra actual) y la subida de las pensiones conforme al IPC anual (tanto las pensiones mínimas como las no contributivas aumentarían un 3%).

Precisamente, el incremento del  SMI ha generado una gran polémica entre el colectivo de los autónomos debido a que este incremento traería aparejado una subida de la base mínima de cotización para estos trabajadores. El presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, avisaba tras conocer el acuerdo  de que los autónomos que cotizan por la base mínima, que suponen el 85% del total, tendrán que pagar 420 euros más al año a la Seguridad Social si el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) sube a 900 euros en 2019. al subir el SMI a 900 euros, la base mínima por la que cotizan 1,7 millones de autónomos aumentará a 12.600 euros al año en 14 pagas.

Esto, según Amor, supone que “los autónomos que cotizan por la mínima, en lugar de pagar por 932,79 euros al mes, pasarán a cotizar 1.050 euros al mes y la cuota de cotización será de 312,9 euros al mes frente a los 277,9 euros mensuales actuales”.

Efectivamente la normativa de la Ley General de la Seguridad Social establece en su artículo 19.2. que “las bases de cotización a la Seguridad Social, en cada uno de sus regímenes, tendrán como tope máximo las cuantías fijadas para cada año por la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado y como tope mínimo las cuantías del salario mínimo interprofesional vigente en cada momento, incrementadas en un sexto, salvo disposición expresa en contrario”.

Además,  de este punto que sin duda ha alcanzado mayor notoriedad,  en este acuerdo, hay, al menos,  tres puntos claves que afectan directamente a los más de 3.200.000 autónomos que hay en España, y, por ende, a uno de los colectivos de trabajadores  autónomos más representativo como es el del transporte.
En primer lugar el acuerdo, pese a no  aprobarlo específicamente, parece que afrontará de una vez por todas la reforma del sistema de cotización el año que viene. Así, el texto  aclara que la cuota de los trabajadores  por cuenta propia “quedará vinculada a los ingresos reales, de manera que se garantice a los autónomos con menos ingresos una cotización más baja”.

También se pone de manifiesto la voluntad de Combatir la proliferación de falsos autónomos. Efectivamente, el texto recoge que  se adoptarían  medidas “como determinar en la ley la presunción de que, salvo prueba en contrario, se considerarán relaciones laborales por cuenta ajena las prestaciones de servicios en las que los ingresos obtenidos por los trabajadores y las trabajadoras procedan de un único cliente o empleador”.

Por último, aunque no menos importante, el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado pretende evaluar el Régimen Especial del Criterio de Caja  en el plazo de cuatro meses para revisarlo, de manera que se gane en efectividad, consiguiendo hacer realidad que no se pague el IVA
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