El Plan Presupuestario que se presentó el Gobierno en Bruselas el pasado 30 de abril recoge la subida de algunos impuestos como el impuesto al diésel así, como la revisión de las cotizaciones sociales de los autónomos y del tipo mínimo efectivo en el Impuesto de Sociedades, el aumento del SMI (Salario Mínimo Interprofesional) y del IRPF (Impuesto sobre la Renta de Personas Físicas) a quienes obtengan rendimientos superiores a 130.000 euros al año, entre otras medidas que ya se contemplaron en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2019
Una de las medidas que mayor afectación podría tener entre el colectivo de autónomos ( transportistas) es el incremento, contemplado en el Plan Presupuestario de 3,8 céntimos de euro por litro, en el impuesto que grava el diésel. Con ello se pretende recaudar un total de 670 millones de euros. Sin embargo, fuentes del Ministerio de Hacienda aseguran que “se hará de manera progresiva y no afectará al gasóleo profesional ni a colectivos como los taxistas”. Está por ver, qué pasará finalmente con el colectivo de transportistas que operan con vehículos ligeros (menos de 7,5 ton de MMA) que, a día de hoy no se benefician del gasóleo profesional.
Otro impuesto que está pendiente de revisión y que puede afectar a este colectivo es el Impuesto a Vehículos de Tracción Mecánica e Impuesto de Matriculación, que puede ser utilizado (al alza) para favorecer las ventas de vehículos cero emisiones como los eléctricos. Según los expertos, esto sí puede incidir negativamente sobre todo en los fabricantes de vehículos asentados en nuestro país, a día de hoy uno de los pocos sectores productivos que crea empleo y empleo de calidad en España.
Otra de las subidas más notorias es la que se plantea sobre el tipo mínimo efectivo del Impuesto de Sociedades al 15%. En este caso, la trascendencia que puede tener para el colectivo de los autónomos es más bien baja pues, sólo afectará a los autónomos societarios que sean titulares de compañías que facturen más de un millón de euros. Así, las aproximadamente 350.000 pequeñas empresas que tributan por este impuesto quedarán fuera de esta subida. De hecho, aquí se puede hablar de un efecto positivo, pues, se verán beneficiadas de una rebaja del 25% al 23% en el tipo aplicable, lo que traducido a euros, significa unos 750 euros de media cada año.
Con respecto a la subida del IRPF a rentas superiores a 130.000 euros, la propia Agencia Tributaria, cifra en unos 25.000 los autónomos que tendrán que pasar a un tramo superior: del 22,5% al 26,5% en su tramo estatal. A esto habría que añadir el tipo aplicable al tramo autonómico que oscila entre el 21% de Madrid (el más bajo) y el 25,5% de Cataluña (el más elevado). Esto significa que la retención para los trabajadores por cuenta propia con rentas más altas podría superar el 50%, mermando su poder adquisitivo.
Sin embargo, en el lado positivo reseñábamos que esta subida venía a acompañada de una ampliación y mejora de la cobertura del colectivo, en aspectos nada desdeñables, como el derecho a paro, del que se mejoran y flexibilizan las condiciones, al tiempo que se amplía la prestación, o el derecho a cobrar la prestación por accidente de trabajo o enfermedad profesional desde el primer día de baja. Esta prestación, es el resultado de la obligación de incluir en la cotización las contingencias profesionales al tipo 0,9%, algo que hasta el 31 de diciembre de 2018 era voluntario y un 80% de autónomos desestimaba quedando desprotegido.
Otro tema sobre el que hay opiniones contrapuestas es el aumento del SMI (Salario Mínimo Interprofesional). De hecho, frente a algunos economistas que pronosticaron un efecto negativo, incluso en el empleo, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF),ha aclarado recientemente que no ha tenido ningún efecto en este sentido en estos meses. Otra cuestión es cómo afectará a la situación del millón de autónomos societarios que verán como los costes laborales por empleado se incrementarán al tener que pagar hasta un 22% más a la Seguridad Social por los trabajadores que mantienen en plantilla cotizando en bases mínimas.
Por último respecto a otros temas que en algún momento ha trascendido la supuesta intención del Ejecutivo de estudiarlos, como la tarifa plana para autónomos, e incentivos a la contratación, lo único cierto es que se ha encargado a la AIReF que se analicen. No significa ni que se vayan a revisar ni, mucho menos, que se vayan a eliminar.
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