La DGT reconoce haber multado indebidamente a más de 1.800 camiones durante los días de restricciones al tráfico

Así se desprende de la respuesta oficial del Gobierno a una pregunta parlamentaria presentada el pasado mes de septiembre en el Congreso por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC), tras la denuncia interpuesta por la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (Fenadismer).
La organización empresarial había alertado de la “actuación abusiva” de la DGT al imponer sanciones de forma indiscriminada mediante el uso de cámaras automatizadas de control, sin verificar las excepciones establecidas para determinados vehículos de transporte. Dichas cámaras, instaladas en puntos estratégicos de la red viaria, habrían generado un elevado número de denuncias a transportistas que, según Fenadismer, cumplían la normativa vigente.

El sector pide garantías y revisión de los sistemas automáticos

Fenadismer ha exigido a la DGT una revisión integral de los sistemas de control automatizado y una mayor coordinación con las autoridades competentes para evitar que se repitan errores de este tipo. “No es aceptable que miles de profesionales del transporte tengan que asumir el perjuicio de sanciones injustas por fallos en los sistemas de control”, señalan desde la federación.
Por su parte, asociaciones regionales de transporte han reclamado una moratoria en la aplicación de las multas derivadas de cámaras automatizadas hasta que se garantice su correcto funcionamiento y la adecuada identificación de los supuestos exceptuados.

Contexto: restricciones y control tecnológico en las carreteras

Las restricciones a la circulación de camiones en determinados días y tramos de la red viaria buscan reducir la congestión y mejorar la seguridad vial, especialmente en periodos festivos o de alto tráfico. No obstante, las excepciones contempladas —como los transportes de mercancías perecederas, ganado vivo o suministros esenciales— han generado históricamente controversia en su aplicación y control.
El caso pone de nuevo sobre la mesa el debate acerca de la automatización de las sanciones en carretera y la necesidad de combinar la tecnología con la verificación humana para evitar errores que afecten a la actividad de un sector considerado esencial para la economía española.