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Las asociaciones de transporte han tomado esta decisión ante “la pasividad absoluta de las autoridades” y para que no se vuelvan a repetir estos hechos que tanto daño han causado al sector del transporte profesional

El sector del transporte de mercancías ha agotado su paciencia ante los graves perjuicios que ha causado la ola de protestas que ha tenido lugar durante el último mes, y que se ha saldado con importantes pérdidas para las empresas transportistas por los continuos cortes de carreteras, en especial de la AP-7, en el paso fronterizo con Francia por la Junquera.

Así, tras los repetidos llamamientos sin respuesta a las administraciones públicas para que garantizasen la libre circulación de personas y mercancías por las carreteras catalanas, Las Organizaciones de Transportistas integradas en el Departamento de Mercancías del Comité Nacional del Transporte por Carretera, han aprobado por unanimidad en el Pleno celebrado en el día de hoy, impulsar las acciones penales necesarias contra los responsables de los cortes producidos en la frontera de la Junquera.

“Esta medida-aclara el comunicado de este órgano- se adopta ante la pasividad absoluta de las Autoridades a la hora de perseguir estos hechos, intolerables en cualquier sociedad civilizada, que tanto daño han ocasionado al sector del transporte profesional y a la economía española en general.

Además, el CNTC en previsión de que hechos como estos vuelvan a suceder, insta “a los Cuerpos y Fuerzas de la Seguridad del Estado y de la Generalidad de Cataluña, para que adopten las medidas necesarias para asegurar el libre tránsito de personas y mercancías”

Según los cálculos de la patronal CETM, tan sólo en los primeros 15 días, hasta finales de octubre, época durante al que se vivieron los momentos más difíciles, las pérdidas por las más de 100 horas de cortes y bloqueos que ha contabilizado en las carreteras en Catalunya supera ya los 100 millones de euros.

Por otro lado, tal y como señaló Fetransa, no sólo se puede poner el foco en las consecuencias económicas, sino que también hay que denunciar las consecuencias personales y  sociales que acarrea. “No hemos oído a nadie preguntarse cómo se sienten los conductores de camiones que han sido secuestrados, dado que la voluntariedad de su presencia allí está más que descartada, por una serie de personas que, a fuerza de ejercer sus derechos, están echando por tierra los de todos los demás”, se preguntaba José Carlos López Jato, vicepresindente de Fetransa.

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