Nuevo Plan Director de la Inspección de Trabajo: las empresas buzón en el punto de mira

El Consejo de Ministros del pasado 27 de Julio ha aprobado el nuevo Plan Director de la Inspección de Trabajo para el período 2018-2020 en el que contempla una actuación prioritaria contra las empresas “buzón”

Ha pasado en poco más de dos años de ser un fenómeno del que se hablaba  como si fuera una leyenda urbana, a convertirse en una realidad cotidiana en el sector del transporte de mercancías por carretera especialmente, aunque también en otros sectores. Se trata de las llamadas “Empresas buzón”, empresas de transporte deslocalizadas en otros países de la Unión Europea con menores costes laborales y fiscales, pero que continúan operando en el mercado español de transporte.
El fenómeno ha adquirido tales proporciones que  el Gobierno de Pedro Sánchez, las ha incluido  como actuación prioritaria en el recientemente aprobado nuevo Plan Director de la Inspección de Trabajo para el período 2018-2020, al que  el Consejo de Ministros del pasado 27 de julio dio el visto bueno,con el objetivo de mejorar la calidad del empleo y las condiciones de trabajo en España.

A tal fin, el Plan Director por un Trabajo Digno incluye un conjunto de medidas de lucha contra el fraude, la precariedad laboral y la erradicación de trabajo, a fin de revertir los problemas más graves que presenta nuestro mercado de trabajo en este momento.

Entre las medidas contempladas, el Plan Director contempla una actuación prioritaria contra las empresas “buzón”, a las que define como “aquellas empresas sin actividad económica real en el país en el que tienen su sede, pero con actividad en otros Estados Miembros de la Unión Europea, siendo su finalidad contratar a personas trabajadoras en el país de origen y desplazarlos a otros países de la UE con el único objetivo de abaratar costes salariales, de impuestos y de seguridad social de la mano de obra a los que tiene que hacer frente la empresa, lo que supone un exponente claro de la precarización de las relaciones laborales”.
 Las medidas contempladas  por la inspección de trabajo pasan por   iniciar una campaña de inspección a este tipo de empresas, en colaboración con la Agencia Tributaria, la Inspección de Transportes y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Para conseguir una mayor eficacia en la inspección, el Ministerio de Trabajo elaborará una Guía de actuación, acompañada de una formación específica a sus funcionarios, para mejorar la eficacia de las actuaciones mediante la especialización en esta materia.

Pero además dichas actuaciones no se limitarán al ámbito administrativo, sino que si en el curso de la inspección se detectara la comisión de algún delito relativo a la trata de seres humanos, prevista en el artículo 177 bis del Código Penal, se dará traslado a la Fiscalía para el inicio, en su caso, de las actuaciones judiciales que procedan contra dichas empresas y sus representantes.

Hay que tener en cuenta que esta situación de competencia desleal, practicada dentro y fuera de nuestro país, está ocasionando un gravísimo perjuicio al tejido empresarial español de transporte por carretera, conformado en más de un 85% por pequeñas y medianas empresas, teniendo en cuenta que las flotas radicadas en países del Este de Europa controlan ya casi una tercera parte del transporte internacional con origen o destino en  España, pese a que el origen o destino de nuestras mercancías no son precisamente los países donde se encuentran matriculadas dichas flotas. Además, resulta muy preocupante la expansión que en los últimos años están experimentando especialmente las empresas rumanas y búlgaras, que en un alto porcentaje corresponden a empresas deslocalizadas pertenecientes a grandes flotistas españoles, con crecimientos anuales superiores al 50%.

El dumping social,  en las  diversas formas en que se manifiesta en el sector del transporte de mercancías por carretera ha adquirido gran notoriedad en España, sobre  todo gracias a las campañas realizadas por la  Asociación Empresarial de Transportes Discrecionales de Mercancías de Aragón (Tradime), que ya el año pasado comenzó  una campaña en contra de la competencia desleal en el sector transportista, centrada  en  la erradicación de prácticas fraudulentas como las empresas buzón, y que ha tenido continuidad esta año con la campaña sobre otro de los fenómenos más extendidos en este sector: la utilización de ”falsos autónomos”  y la precarización que supone para los profesionales del sector.

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