El pleno del Parlamento Europeo (PE) votó la semana pasada a favor de que los trabajadores desplazados temporalmente a otro país de la Unión Europea (UE) deban beneficiarse de las mismas condiciones y cobrar el mismo sueldo que los trabajadores locales con el mismo empleo. La legislación salió adelante con 456 votos a favor, 147 en contra y 49 abstenciones.
La revisión de las normas se ha prolongado durante años por la falta de consenso, ya que mientras algunos países apoyaban la reforma propuesta, como Francia, Alemania, Italia u Holanda, otros tenían reticencias, como España, Portugal, Hungría, Polonia, República Checa, Eslovaquia, Rumanía y Bulgaria.
Y es precisamente en el sector del transporte por carretera donde más controversias han surgido entre estos dos bloques. Finalmente, el Parlamento Europeo ha decidido que seguirá aplicándose la regulación anterior, de 1996, hasta la entrada en vigor de la legislación específica de ese ámbito incluida en el paquete de movilidad. Sin embargo, tal y como parece, a tenor de las declaraciones de algunos eurodiputados, es bastante probable que este periodo de transición se prolongue al menos hasta final de año, pues el Parlamento Europeo se encuentra dividido casi al 50% y será la próxima presidencia quien aborde el tema.
La actual normativa, de 1996, permite que las empresas paguen a trabajadores desplazados, mayoritariamente de países del Este, un salario que no supere el sueldo mínimo del Estado de acogida, lo que genera diferencias con los trabajadores locales.
Igual remuneración
La iniciativa plantea que se apliquen a los trabajadores desplazados todas las normas sobre remuneraciones de los países de acogida, tanto las fijadas en leyes como en convenios colectivos o sectoriales "representativos", precisó el PE en un comunicado. Además, los gastos de viaje y alojamiento deberá pagarlos el empleador y no podrán deducirse del sueldo del trabajador. De igual manera, las empresas también estarán obligadas a garantizar que las condiciones del alojamiento sean "decentes" y acordes a las normas nacionales.
En cuanto a la duración del desplazamiento, deberá prolongarse como máximo hasta un año, con la posibilidad de extenderlo seis meses más.
Tras ese tiempo, el empleado podrá permanecer y trabajar en el Estado miembro en el que se encontraba, pero se le aplicará toda la legislación laboral del país al que se ha trasladado.
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