Se le imputa una infracción grave con multa de 2.046 euros por no haber realizado la evaluación de riesgos psicosociales al conductor fallecido para determinar su estrés laboral previo al asesinato.
El fatal incidente ocurrido el pasado mes de junio, que acabó con la vida de un conductor profesional, afincado en Granada, que fue disparado por un ertzaina en situación de reserva en la Autovía A-15 tras un incidente de tráfico, ha dado un inesperado y controvertido vuelco. Según informa AGT Granada-Fenadismer, la asociación a la que pertenecía el fallecido, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social acaba de imputar una infracción grave con multa de 2.046 euros a la empresa transportista para la que trabajaba el conductor asesinado, por no haber realizado la evaluación de riesgos psicosociales al conductor fallecido para determinar su estrés laboral previo al asesinato.
En el propio Acta de infracción que ha tramitado la Inspección de Trabajo se recoge que el accidente de trabajo “in itinere” del conductor fallecido se debió a la actuación del policía vasco, que se encontraba en situación de reserva en el momento de producirse el fatal suceso. Así literalmente en el acta se refleja que “el conductor del otro vehículo (que resultó ser un policía foral fuera de servicio), sacó una pistola disparando y matando al trabajador”.
Sin embargo, la Inspección de Trabajo levantó con posterioridad un acta para comprobar las “circunstancias concurrentes” a dicho suceso, solicitando al transportista la acreditación documental relativa a la evaluación de riesgos laborales de su conductor fallecido, así como la formación impartida al conductor en la materia.
Pese a aportar la documentación solicitada, la Inspección considera que la empresa transportista “no ha considerado de forma exhaustiva el estrés derivado de la conducción en su evaluación de riesgos genérica ni ha realizado la evaluación de riesgos psicosociales”, por lo que a juicio de la Inspección Laboral constituyen una infracción grave en materia de prevención de riesgos laborales, proponiéndose una sanción de 2.046 euros.
La asociación AGT Granada-Fenadismer, de la que es miembro el transportista sancionado, ha procedido a interponer el correspondiente recurso contra la misma, al considerarse injusta la sanción impuesta.
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