La eliminación del procedimiento de notificación por carta postal certificada que utilizaba anteriormente ha provocado la multiplicación de sedes electrónicas que están llevando a cabo tanto la tramitación como de los nuevos expedientes sancionadores.
El Ministerio de Fomento por fin asume el caos que ha generado la entrada en vigor de las nuevas Leyes de Ordenación de Transporte Terrestre y la de Procedimiento Administrativo de las Administraciones Públicas, debido a la multiplicación de sedes electrónicas que están llevando a cabo tanto la tramitación de los nuevos requerimientos de inspección como de los nuevos expedientes sancionadores por vía exclusivamente electrónica, como consecuencia de la eliminación del procedimiento de notificación por carta postal certificada que utilizaba anteriormente.
Finalmente el Ministerio de Fomento, a través del Director General de Transporte Terrestre, ha reconocido “las dificultades que la puesta en marcha de las notificaciones por medios electrónicos ha supuesto tanto para los interesados como por las propias Administraciones” confirmando que “está en vías de solucionarse”.
Finalmente el Ministerio de Fomento, a través del Director General de Transporte Terrestre, ha reconocido “las dificultades que la puesta en marcha de las notificaciones por medios electrónicos ha supuesto tanto para los interesados como por las propias Administraciones” confirmando que “está en vías de solucionarse”.
Efectivamente, Joaquín del Moral ha informado de que la Comisión Sectorial de Administración Electrónica, de la que forman parte, además de la Administración del Estado, las Comunidades Autónomas y las Administraciones Locales, ha acordado recientemente concentrar el acceso a las notificaciones en un único punto de notificación electrónica así como establecer un solo punto centralizado de datos de contacto de ciudadanos y empresas, gestionados por el Ministerio de Hacienda, a fin de garantizar la correcta realización del envío de aviso de la puesta a disposición de una notificación electrónica
Tal y como denuncian las asociaciones profesionales de transporte, esta duplicidad está generando desde comienzos de año una inseguridad jurídica para los transportistas, ya que “al ostentar competencias propias en materia de inspección de transporte tanto el Ministerio de Fomento como las Consejerías de Transporte de las Comunidades Autónomas (e incluso en algunos casos hasta las propias Diputaciones provinciales forales o los Cabildos insulares) están utilizando sus propios servicios de notificación electrónica, obligando a los transportistas a tener que recorrer multitud de sedes electrónicas para poder consultar el contenido de los expedientes sancionadores que les puedan afectar, con el consiguiente desconcierto y preocupación, ya que la falta de respuesta a un requerimiento de inspección es sancionado por obstrucción a la labor inspectora como infracción muy grave, con multa de hasta 4.001 euros”, señalan desde Fenadismer.
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