Ahora, tras un estudio más en profundidad, ACEA ha revisado el objetivo de reducción de emisiones de dióxido de carbono (CO2) para vehículos nuevos pesados fijado por la Comisión Europea (CE) y propone que sea del 7% para 2025 y del 16% para 2030, en comparación con el 15% y 30% que marca Bruselas.
En un documento publicado, ACEA afirma que “dado el estado del mercado y la tecnología hoy en día, una reducción del 7% de CO2 en 2025 supondría el equilibrio correcto entre ser ambicioso y ser realista”.
La CE y ACEA sí coinciden en la fecha (2022) para revisar el objetivo de reducción de emisiones, pero discrepan en las formas. El organismo comunitario establece la posibilidad de incrementar el 30% fijado para 2030, pero la asociación que representa a los fabricantes europeos defiende una posible reducción en caso que sea necesario y que refleje la realidad del mercado en ese momento, “por ejemplo, teniendo en cuenta el nivel de inversión y la disponibilidad de la infraestructura de carga y recarga necesaria para los vehículos con propulsiones alternativas, así como la adopción del mercado de dichos propulsores alternativos”, afirma en su estudio.
ACEA apoya la idea de la Comisión Europea de introducir incentivos específicos para estimular la innovación, y la introducción de propulsores alternativos. A este respecto, los fabricantes de camiones acogen con beneplácito la introducción de un sistema de “Super crédito”, (propuesto por la Comisión) pero creen que no debe haber un límite para los créditos, “al menos para el período 2019-2025, a fin de fomentar el despliegue más amplio posible de vehículos de bajas y nulas emisiones”.
En caso de exceder el objetivo de CO2, la propuesta de la Comisión contempla que el fabricante tiene que pagar una multa, denominada ‘prima de exceso de emisiones’. Actualmente,esta penalización está establecida en 6.800 euros por gramo de CO2/tkm, que equivale a 570 euros por gramo de CO2/km.
Los fabricantes de vehículos pensados no están en desacuerdo con pagar multas en el caso de que excedan el objetivo de emisiones siempre y cuando el nivel de ambición sea “realista”, pero a ACEA le “preocupa” que la sanción estipulada por el Ejecutivo comunitario es “extremadamente” alta. “El objetivo económico de este sistema de sanciones-afirma el documento- es alentar a los fabricantes a alcanzar los objetivos de CO2 invirtiendo en nuevas tecnologías eficientes en cuanto al consumo de combustible, en lugar de pagar una multa. El importe de la pena debe establecerse en consecuencia”.
Además, desde ACEA critican el modo en que se ha establecido esta sanción, comparando las emisiones de CO2 de las furgonetas con las de los camiones. Sin embargo, esta comparación es engañosa, “ya que un camión más pesado que transporta una carga mayor es más eficiente que uno ligero (en g CO2/TKM), incluso si las emisiones totales en g CO2/km son más altas sobre el papel”, afirman.
De esta forma, reclama un marco legislativo que recoja sanciones proporcionales al coste de la tecnología implementada por las compañías en sus vehículos y que las penalizaciones a los camiones se basen en la medición gramos de CO2/tkm y no en gramos de CO2/km. La asociación argumenta que esto empujaría indirectamente a los fabricantes a vender vehículos más pequeños, que, a menudo, son menos eficientes que los más grandes.
Además, la penalización debe reflejar, según ACEA, el hecho de que un camión soporta una carga media de 12 toneladas mientras que una camioneta transporta alrededor de una tonelada, así como que el kilometraje también es aproximadamente seis veces mayor, por lo que recomienda que la sanción se establezca en 570 euros por gramo de CO2/tkm.
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