La propusta ha sido aprobada con 23 votos a favor, España incluida, y cuatro en contra, entre ellos Alemania que ve serias dudas de que puedan llegar a cumplirse esos objetivos
Tras ser aprobadas de manera provisional en febrero de este año por los representantes de los Estados miembros de la Unión Europea, faltaba la ratificación oficial por el Consejo Europeo que ahora, con la presidencia de Rumanía, ha adoptado, ya con carácter formal, las normas comunitarias sobre las emisiones de CO2 para camiones y otros vehículos pesados. De esta manera, los fabricantes de camiones deberán empezar a reducir este tipo de emisiones para alcanzar el límite del 15%fijado para 2025 y del 30% para 2030, en comparación a los niveles de este año.
Se trata de una gran exigencia para los fabricantes que son advertidos de que quienes no cumplan estos objetivos deberán pagar una multa en forma de prima por exceso de emisiones. Además, desde la UE han afirmado que se garantizará que los datos obtenidos mediante dispositivos de abordo controlan el consumo real de combustible y energía de este tipo de vehículos.
“El reglamento entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de la UE”, han explicado desde Bruselas. Este será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro. Según datos de la UE, las emisiones de CO2 de los vehículos pesados representan el 6% del total de emisiones de dióxido de carbono en la UE, y el 27% del transporte por carretera.
La aprobación del reglamento para reducir las emisiones de los vehículos pesados a partir de 2025 se ha producido con 21 votos a favor, entre ellos el de España, 3 abstenciones y 4 en contra (Alemania, Eslovaquia, República Checa y Polonia). Las autoridades alemanas, conscientes del papel protagonista de su industria en la fabricación de vehículos pesados, han manifestado que “el acuerdo alcanzado es ambicioso y plantea grandes retos para los fabricantes de vehículos, en particular por lo que respecta al año 2025”.
A juicio de Alemania, “existe ante todo una necesidad imperiosa de ampliar la infraestructura europea de recarga a fin de posibilitar la libre utilización transfronteriza de tecnologías de propulsión eléctrica”. Para ello, continúa el Gobierno alemán, “se requiere una estrategia concertada de la Comisión y los Estados miembros” que ahora mismo no existe. Estas dudas de Alemania le han llevado a votar en contra del reglamento, aunque confía en que la revisión prevista por la Comisión Europea en 2022 sobre los objetivos marcados en el texto, incluido el mandato para evaluar la posibilidad de una metodología para tener en cuenta combustibles alternativos, permitan corregir la situación en caso de que se antoje imposible cumplir con los límites marcados.
De hecho, el propio texto aprobado por el Consejo Europeo constata como para poder llevar a buen término este ambicioso plan “son necesarias inversiones públicas y privadas en investigación e innovación, una mayor oferta de vehículos pesados de emisión cero y de baja emisión, la implantación de infraestructuras de recarga y repostaje y la integración en los sistemas energéticos, así como el suministro sostenible de materiales para baterías, y una producción, reutilización y reciclado sostenibles de baterías en Europa”. Y remata afirmando que “ello requiere una acción coherente a escala de la Unión, nacional, regional y local, también a través de incentivos para apoyar el uso de vehículos pesados de emisión cero y de baja emisión”.
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