El Comité de Transportes en contra de la modificación de pesos y dimensiones

EMPLEO

Benito Armero | Redacción

24 Noviembre 2014

Compartir artículo:

Para el Comité Nacional esta propuesta parte de las enormes presiones que sobre el Gobierno están realizando determinados sectores de empresas cargadoras, que “anteponen su interés económico a cualquier otra consideración-incluido el más elemental sentido común”

El departamento de mercancías del Comité Nacional de Transportes por Carretera se ha mostrado totalmente en contra de la modificación planteada por la Dirección General de Tráfico, para modificar el Reglamento General de Vehículos, en cuanto a pesos y dimensiones en vehículos pesados. En concreto, las modificaciones previstas afectarían a la altura, se incrementaría la altura de 4’50 metros a determinadas especialidades de transporte y se autorizarán los megacamiones de 25’25 metros y 60 toneladas.

Antes de su aprobación el Comité disponía de diez días para informar sobre dicho cambio, pero han bastado unas pocas horas para hacer llegar su respuesta a la DGT: no les parece bien, ni el plazo dado para evaluar los cambios, ni las modificaciones previstas, ni los estudios previos que deberían avalar la viabilidad de tales cambios.

Según afirma en un comunicado de prensa, el Comité cree, en primer lugar que “una modificación de la normativa (...) del alcance que se pretende, debe hacerse con criterios de rigor técnico y de seguridad jurídica, de los que adolece completamente el texto que informamos”. Asimismo, también afirman existiría una gran inseguridad jurídica de aprobarse la norma tal y como está ahora, ya que, por un lado, los casos en los que se admiten tales cambios, son imprecisos y genéricos, con múltiples interpretaciones “algunas de ellas alarmantes”, al tiempo que también se desconoce el “encaje legal de las autorizaciones que ampararán la circulación de los megatrailers”.

Para el Comité Nacional esta propuesta parte de las enormes presiones que sobre el Gobierno están realizando determinados sectores de empresas cargadoras, que en su opinión, “anteponen su interés económico a cualquier otra consideración-incluido el más elemental sentido común”. Es por ello por lo que quizás, en la propuesta, sólo se destacan los importantes beneficios económicos que esta reforma va a suponer para los diversos sectores del empresariado, sin que se acompañe el más mínimo estudio técnico acerca de sy incidencia en la seguridad vial.

El Comité Nacional finaliza su misiva, enviada a la secretaría del Consejo Superior de Tráfico, advirtiendo de que si no se tienen en cuenta sus conclusiones, “no puede pretenderse que asuma la responsabilidad que la medida comporta, una responsabilidad que recaería sólo en el Gobierno y aquellos sectores de empresas cargadoras “cuyo interés atiende”.