Desde el pasado mes de enero son 151 las ciudades y municipios de más de 50.000 habitantes obligados a disponer de una ZBE.
Implementar una Zona de Bajas Emisiones, está resultando más difícil de lo que muchos podían prever hace poco tiempo, cuando empezó a diseñarse el modelo de restricción de tráfico en los centros urbanos, que se plasmó en el Real Decreto 1052/2022, aprobado en diciembre. Este Real Decreto preveía que, a finales de 2023, todos los municipios españoles de más de 50.000 habitantes hubieran implementado las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE).Entre otros muchos aspectos, este retraso se debe en parte a la dificultad que entraña conciliar estas restricciones de accceso en pleno centro urbano con la actividad que realiza la distribución urbana de mercancías (DUM) básica y esencial para cualquier ciudad.
Pero la realidad es que , a día de hoy, según los datos presentados por la Dirección General de Tráfico (DGT) en el 4º Congreso AECOC de Smart Distribution, tan solo siete de las 151 ciudades afectadas por la legislación tienen actualmente en funcionamiento su ZBE.
Y es que, tal y como ha considerado la subdirectora general de vehículos de la DGT, Susana Gómez, estos datos muestran que “el papel lo aguanta todo, pero la realidad es otra” y lo cierto es que cada ciudad tiene una idiosincrasia diferente. No obstante, ha anunciado que “en los próximos días publicaremos una guía de actuación, con criterios estandarizados para la implantación de las ZBE, con el objetivo de que exista una estructura nacional coherente en la creación de estas zonas”.
En este sentido, ha explicado que esta guía tratará las discrepancias que existen entre las normativas de cada municipio, como los tiempos establecidos para la carga y descarga o la tipología de vehículos que pueden circular en el centro de los municipios.
Gómez también ha apuntado que “no podemos seguir el modelo europeo de ZBE si no tenemos las condiciones de Europa” y ha recordado que la tasa de vehículos eléctricos en España es del 9,4%, en comparación con el 20% que hay en el continente, mientras que la infraestructura de los puntos de recarga también es mucho menor. “España es el único país que aplica el IRPF a las ayudas para la compra de vehículos eléctricos; eso explica, en parte, porque la antigüedad media del parque es de 14,7 años”.
Un plan para la DUM
El responsable de Distribución Urbana de Mercancías (DUM), José Carlos Espeso, ha puesto el acento en que “la DUM requiere de medidas específicas y diferenciadas de la ZBE; hay que garantizar el reparto de mercancías y la actividad de las empresas, porque son las que suministran a los negocios y a los ciudadanos”.
En su presentación, Espeso ha puesto en valor algunos casos de éxito internacionales en la gestión de la DUM. La aplicación de la descarga nocturna en ciudades como París está suponiendo una reducción del 17% en las emisiones de CO2 derivadas de la entrega de mercancías en ciudades, mientras que esta misma medida en Estocolmo ha incrementado la velocidad de reparto en un 30%.
Ciudades como Nueva York o Seattle han apostado por la creación de hubs para la entrega de paquetes en taquillas, logrando una reducción del 78% en los tiempos de reparto y una reducción a cero de entregas fallidas. En Asia, municipios como Tokio, Shenzen y Seúl ya han extendido el uso de drones para sectores como la alimentación o la salud.
Complejidad en la aplicación de las ZBE
El 4º Congreso AECOC de Smart Distribution también ha contado con el análisis de los municipios. La directora de movilidad del ayuntamiento de Donostia-San Sebastián, Jone Argoitia, ha considerado que la baja aplicación actual de las ZBE “no es un fracaso, sino un retraso”. Argoitia ha recordado que el Real Decreto para la creación de las ZBE se aprobó en diciembre, y que su puesta en marcha “tiene una gran complejidad jurídica, técnica y política. Además, en medio del proceso se han producido cambios por las elecciones municipales, por lo que las decisiones se han detenido”.
Por su parte, las responsables de movilidad de Málaga y Valencia, Trinidad Hernández y Ruth López, han coincidido en remarcar las especificidades de las ciudades que viven del turismo y del sector servicios, que cuentan con muchos pequeños distribuidores con dificultades para adaptarse a las nuevas normativas.
En el otro lado de la balanza, los portavoces de los ayuntamientos que sí tienen en marcha su ZBE, como son Madrid, Barcelona y Zaragoza. Ellos han coincido en poner en valor la colaboración con el sector privado para entender sus necesidades. El delegado de medio ambiente de Madrid, Federico Jiménez, también ha considerado que “ha habido mucha precipitación en los tiempos y, por eso, muchos ayuntamientos han demorado la puesta en marcha de su ZBE”.
Ariadna Sancho, del Ayuntamiento de Barcelona, ha coincidido en exponer que “hace falta la incidencia de las medidas que se ponen en marcha sobre el parque de vehículos circulante y en la calidad del aire. Ese análisis debe ser previo y requiere de inversión”.
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