Desconvocada la huelga de transporte en Portugal

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Benito Armero | Redacción

20 Agosto 2019

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Los transportistas han votado a favor de concluir el paro para sentarse a negociar con la patronal del sector, Antram, pero advierten: “si la patronal muestra "intransigencia" recurrirán a "otras formas de lucha", como no hacer horas extra ni trabajar durante los fines de semana.

El sindicato de transportistas de mercancías peligrosas de Portugal ha desconvocado la huelga que mantenía en vilo al país, tras una semana que llevó a declarar el estado de crisis energética y que motivó incluso la intervención legal por el Gobierno del socialista António Costa, autorizando al ejercicito a asumir las labores de transporte.
El fin de la huelga se decidió en una asamblea celebrada durante la tarde del pasado domingo en Aveiras da Cima, a las afueras de Lisboa, donde los transportistas han votado a favor de concluir el paro para sentarse a negociar con la patronal del sector, Antram.

Pese a que según el presidente del sindicato convocante, Francisco São Bento, la desconvocatoria se prodce porque ahora se dan las condiciones para negociar, “si la patronal muestra "intransigencia" recurrirán a "otras formas de lucha", como no hacer horas extra ni trabajar durante los fines de semana. La huelga de los transportistas de Portugal, de carácter indefinido, estaba debilitada desde el viernes, cuando la patronal y el otro convocante del paro, el Sindicato Independiente de Conductores de Mercancías (Simm), alcanzaron un acuerdo que llevó a los segundos a retirarse del paro.

En el origen de la protesta se encuentra la reivindicación de que se cumplieran los aumentos salariales acordados con la patronal el pasado mes de mayo, y ha generado una fuerte alarma en Portugal, en estado de crisis energética,según un decreto del Ejecutivo de Costa.La protesta, que arrancó el pasado lunes 12 de agosto, tenía fijados unos servicios mínimos del 100% para servicios prioritarios -como aeropuertos, puertos, servicios de seguridad, bomberos y emergencias médicas-, del 75% para transporte público y del 50 % para el suministro general de ciudadanos.

Las cifras, consideradas elevadas por los sindicatos, que sostenían que de facto implicaban que no hubiese huelga, no se cumplieron en determinadas infraestructuras del país el primer día, según el Gobierno, que decretó entonces la intervención legal del paro a través de la "requisición civil".
Se trata de un instrumento límite, puesto que no solo implica sacar a militares para que efectúen los repartos, sino que permite obligar legalmente a trabajar a los huelguistas que sean necesarios para garantizar los servicios básicos. Si estos se niegan, pueden afrontar incluso penas de cárcel.

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