Pese a que está en vigor desde octubre pasado el régimen sancionador contra la Morosidad en Transporte y que prevé multas de hasta 6.000 euros e incluso 30.000 en caso de reincidencia abusiva.
Los datos correspondientes al mes de Enero de 2022 del Observatorio permanente de la morosidad y los pagos en el sector del transporte por carretera en España evidencian que pese a haberse reducido algo los plazos de pago respecto a Enero de 2021, continua el incumplimiento de los plazos máximos de pago por un 65% de las empresas cargadoras e intermediarios, de los que un 25% pagaron a más de 6 meses.
En lo diez años que lleva recogiendo estos datos el Observatorio permanente de la morosidad y los pagos en el sector del transporte por carretera, una iniciativa de Fenadismer en colaboración con la Fundación Quijote para el Transporte, se ha venido constatando cada mes un incumplimiento sistemático de los plazos máximos de pago por parte de las empresas cargadoras y operadores logísticos e intermediarios que contratan a los transportistas.
Es por ello, que desde las organizaciones de transporte pusieron el foco desde hace tiempo en la necesidad de establecer por ley un régimen sancionador que acompañara y diera sentido a la Ley de Morosidad, hecho que se consiguió en octubre pasado. Sin embargo, a tenor de estos datos, parece que poco a cambiado en las relaciones contractuales entre transportistas y cargadores, que lejos de ceñirse a los plazos de pago estipulados por la ley, esto es 30 días desde la fecha de prestación del servicio, ampliable a un plazo máximo legal de 60 días si así lo establecen las partes por escrito, siguen incumpliendo sistemáticamente esta Ley.
El régimen sancionador aprobado e incorporado a la Ley de Ordenación del Transporte Terrestre (LOTT) en octubre prevé sanciones de hasta 6.000 euros, que podrán alcanzar los 30.000 euros para aquellas situaciones reincidentes más abusivas.
Sin embargo, ante la persistencia de este incumplimiento de la legalidad desde el sector del transporte por carretera no se entiende cómo la inspección del transporte no ha puesto el foco en estas prácticas tan extendidas y organizaciones como Fenadismer ya reclaman planes específicos de lucha contra la morosidad con una campaña masiva de control y sanciones a empresas cargadoras, operadores logísticos e intermediarios.
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