La Audiencia Nacional anula la multa de Competencia a las asociaciones del Puerto de Valencia

Ha anulado la multa, que ascendía a más de 43 millones de euros, en base a que la CNC incumplió su propio límite de 18 meses para incoar el expediente y emitir una resolución

La Audiencia Nacional ha anulado la semana pasada, mediante sentencia, la multa que impusiese la CNC, Comisión Nacional de la Competencia, actualmente  la CNMC, en octubre de 2013 a la práctica totalidad de la comunidad portuaria de Valencia, y que ascendía a cerca de 43 millones de euros,  en base a que la CNC incumplió su propio límite de 18 meses para incoar el expediente y emitir una resolución. La clave, una sentencia reciente del Tribunal Supremo sobre los plazos en estos casos.
La CNMC emitió sentencia a principios de octubre del año 2013 multando a la práctica totalidad de la comunidad portuaria de Valencia, pues, junto a las principales asociaciones  de transportistas,  como  AELTC o   TRANSCONT, también resultaban sancionados   la Asociación Naviera Valencia, ANV,  la Asociación de Transitarios, Expedidores y Asimilados, ATEIA OLT Valencia,   la Asociación de Transportistas de Contenedores Valencianos Transconval,  o la Federación Valenciana de Empresarios del Transporte.  

La resolución de la CNMC, para sorpresa de toda la comunidad portuaria,  acusaba también a  la Autoridad Portuaria Valenciana, que fue multada con 100.000 euros,  por participar  junto al resto en los acuerdos y compromisos sobre la actividad y sobre la fijación de precios.  Incluso la Conselleria del Gobierno valenciano había participado en la organización y vigilancia de la adecuada ejecución de los acuerdos de fijación de precios.

Las multas que se repartían entre 12.692.000 euros para LTC, 3.048.395 euros para TRANSCONT, 9.910.829 euros para Transconval, 200.000 euros para FVET, 3.307.783 euros para ANV, 13.144.444 euros para ATEIA-OLT  VALENCIA, 403.096 euros para TCV, 561.390 euros para Noatum, 252.318 euros para MSC Valencia y los citados 100.000 para la APV,

La CNMC consideró muy graves las infracciones derivadas de las reuniones entre las empresas multadas porque distorsionaban el normal funcionamiento de la oferta y la demanda en los servicios de transporte de contendores de forma constante y reiterada, mediante acuerdos para homogeneizar los precios del transporte por carretera y otras prestaciones unidas al transporte, incluso las indemnizaciones por paradas así como los incrementos del IPC. 
Según los argumentos de la  CNMC para conseguir este fin, las empresas y asociaciones sancionadas  habrían llevado a cabo repartos de mercado y restricciones de la oferta mediante la limitación de vehículos a los que se le permitía entrar y prestar servicio en el puerto. 
Aunque la sentencia es recurrible ante el Supremo mediante un recurso de casación,  no es la primera vez que la CNMC  incurre en este tipo de ”errores” al exceder o no contabilizar adecuadamente los plazos entre que incoaba expediente y dictaba resolución, superando ampliamente el plazo dada a sí misma por la legislación vigente de 18 meses, como ha venido a recordarle el propio Tribunal Superior.

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