El Grupo Socialista fuerza el debate sobre el “Dumping Social “ en transporte en el Congreso

Ha presentado una Proposición no de Ley en la que insta al Gobierno, entre otras cosas a adherirse a la “Alianza europea por la Carretera”.

El debate  “Alianza por la carretera si, o no” que recorre el sector desde hace unas semanas, va a llegar al Congreso de los Diputados, gracias a la propsición no de Ley, presentada por el Grupo Socialista en esta cámara. El grupo socialista aclara que ha dado este paso “ante la postura adoptada por el Gobierno español de no adherirse a la “alianza por la carretera” auspiciada por nueve países comunitarios”. La proposición no de Ley tiene como objetivo fundamental  combatir contra el dumping social en el transporte de mercancías por carretera, para su posterior tramitación una vez sea admitida.

Dicha Proposición no de Ley, tras analizar la situación en que se encuentra el sector del transporte por carretera en nuestro país, destaca la situación de desventaja competitiva que sufren los transportistas de los países europeos occidentales por parte de empresas deslocalizadas ficticias o que utilizan mano de obra con bajos salarios o utilizando sistemas que eluden o incumplen la legislación nacional o europea.

El Grupo Socialista, a través de esta Proposición no de Ley, recoge  las peticiones realizadas desde buena parte del sector (con algunas sonadas excepciones) y  plantea instar al Gobierno, en primer lugar a  adherirse a la “Alianza europea por la Carretera”, con el objeto de promover posiciones comunes para luchar contra el dumping social, favorecer la competencia leal y facilitar la convergencia en la aplicación de la legislación europea. Además, tal y como han solicitado algunas asociaciones de transporte, entre ellas Fetransa, la trasposición de  la normativa española, a la mayor brevedad, la Directiva europea sobre desplazamiento de trabajadores pertenecientes a empresas transportistas extranjeras.
Por último, se plantea reforzar el Plan de Inspección de Transporte por Carretera, especialmente en materia de control del transporte realizado por las empresas transportistas no residentes en España, tanto en transporte internacional como de cabotaje, a fin de controlar el dumping social y la competencia desleal que sufren las empresas españolas.

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