Ha habido que esperar hasta el mes de abril, pero finalmente hemos podido conocer los Presupuestos Generales del Estado y en particular, las partidas destinadas a Fomento, que, junto con Exteriores,  es el Ministerio que mayores recortes asume en este año 2012.

Durante la presentación de los Presupuestos de Fomento para 2012, Ana Pastor detalló un presupuesto inversor de 11.928 millones de euros en 2012, importe que arroja una reducción del 6,5% respecto al ejecutado en 2012.
De este monto total, 4.187 millones de euros se destinarán a la construcción de líneas ferroviarias de Alta Velocidad (AVE). Esta cantidad copará más de una tercera parte (el 35%) de la inversión, pese a que disminuye un 6,2% respecto a 2011.
El capítulo de carreteras, de su lado, contará con una inversión de 3.160 millones (el 26% del total) y será la única que crecerá, un 13,3%, si bien el pago de 600 millones de euros que Fomento debe en expropiaciones se “comerá” un 19% del total, según detalló la ministra.
En cuanto al AVE, el Corredor Mediterráneo es el que copará más inversión en 2012, con 1.342 millones de euros, por delante del AVE a Galicia (1.217,39 millones) y la conexión AVE al Norte de la Península (incluida la ‘Y’ vasca), con 1.080 millones de euros.
En rueda de prensa, Pastor defendió que el Presupues-to de 2012 de Fomento co-mo un ”presupuesto rigu- roso, que se cumplirá y que permitirá seguir construyendo infraes- tructuras en un momento de profunda crisis”.

 


La ministra de Fomento, Ana Pastor, ha asegurado que la inversión de 11.900 millones de euros prevista en el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2012 del Ministerio de Fomento va a servir para crear empleo y generar riqueza.

 

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La inversión prevista en Ferrocarril asciende a 5.961 millones de euros, de los que más de un 72% van destinados a la alta velocidad.

 


 

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Mientras buena parte del presupuesto se dedica al AVE la Red de Carreteras del Estado presenta un importante déficit de conservación.


 

“Fomento se mantendrá como gran Ministerio inversor y supondrá una punta de lanza de la recuperación económica”, garantizó la ministra. “El Ministerio no dejará de utilizar la inversión como medio de cohesión y vertebración territorial, no podemos permitir que la crisis abra una brecha irreparable entre comunidades autónomas”, añadió
Asimismo, Pastor ha subrayado que “ha llegado el momento de pa-gar” por lo que Fomento también “asumirá” este año el pago de los 250 millones de euros que tiene pendientes por obras que se efectuaron el pasado año.


“Un cable” a las concesionarias de autopistas

Durante la presentación de los Presupuestos de Fomento para 2012, Pastor apuntó dos medidas que permitirán a las concesionarias de las autovías afrontar en el corto y medio plazo los desequilibrios de sus cuentas, ocasionados por los sobrecostes de expropiación que afrontaron y las caídas del tráfico por la crisis.
Por un lado Fomento cuenta con 280 millones de euros para otorgar préstamos participativos a la decena de autopistas que actualmente están en riesgo de quiebra. Además se ha decidido alargar hasta 2021 la posibilidad de que las concesionarias con problemas de insolvencia recurran a las cuentas de compensación para atajar la caída de los tráficos.
Mediante este mecanismo Fomento adelanta a las concesionarias los ingresos necesa- rios para mantener su estabilidad económica a corto pla-zo, y se establece su devo- lución una vez que los tráficos se recuperen. No obstante, la titular de Fomento avanzó que, en paralelo, un equipo del Ministerio ha constituido una mesa de trabajo que se encargará de diseñar un nue-vo modelo concesional. Con este modelo, el Ministerio busca que el capital privado pueda colaborar en la financiación de obra pública con certeza y seguridad jurídica.

Entes públicos y capital privado.

El proyecto de ley de Presupuestos indica que el 40% de la inversión total en infraestructuras la ejecutará directamente el Estado a través de los distintos ministerios (Fomento y Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente), en tanto que el 60% restante se canalizará a través de los entes públicos (Adif, Aena, Renfe y Sociedades de Agua, entre otros).
Los PGE defienden la inversión en infraes- tructuras como una "prioridad del gasto público y un instrumento básico para dinamizar la economía, aumentar la productividad y vertebrar el territorio".
El texto recuerda además que el Gobierno prevé presentar en julio un nuevo Plan de Estratégico de Infraestructuras, Transportes y Vivienda (PITVI) para "programar las prioridades en la materia hasta 2024", así co-mo la intención del Ejecutivo de abordar fórmulas de colaboración con el capital privado para que las medidas de ajuste no tengan "efectos negativos en las infraestructuras".

 


 

Derogar el céntimo sanitario a partir de 2013

presupuestos173_4El Gobierno ha incluido en el Proyecto de Ley General de Presupuestos para 2012 una disposición final mediante la cual a partir del 1 de Enero de 2013 se deroga el impuesto sobre ventas minoristas de determinados hidrocarburos (coloquialmente denominado “céntimo sanitario”). Sin embargo,  junto a lo anterior, la propia Ley de Presupuestos faculta a las Comunidades Autónomas para que establezcan un recargo sobre el actual impuesto de hidrocarburos, con lo que, en la práctica, no significa necesaria- mente que vaya a disminuir la presión fiscal que soportan los carburantes. Se trata de derogar la aplicación del actual “céntimo sanitario” que ha sido duramente criticado por la Comisión Europea, y que el propio Tribunal de Justicia de la Unión Europea podría declarar en breve “no ajustado a la normativa comunitaria” .  
La Comisión Europea mediante dictamen motivado el año 2008 instaba al Gobierno español a que modificara la legislación española por considerar que dicho impuesto no se ajustaba a la normativa comunitaria, amenazando con presentar la correspondiente demanda ante el Tribunal de Justicia Europeo, si no corregía dicha situación ilegal. Dicha decisión de la Comisión Europea contra el Gobierno español, no había sido ejecutada por el Gobierno español hasta la fecha, por lo que de dictarse una previsible sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que en la actualidad está conociendo del asunto, podría obligar a la Agencia Tributaria española a devolver a los consumidores profesionales y particulares lo recaudado en los últimos años por este impuesto, lo que supondría un importante quebranto económico para las arcas públicas superior a los 5000 millones de euros, lo que aconsejaba derogar la aplicación de dicho impuesto, a fin de no agravar la precaria situación financiera de la Hacienda española.

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