El Ministerio de Transportes colaborará con la Autoridad Laboral Europea para perseguir las empresas buzón y los falsos autónomos

La secretaria de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Isabel Pardo de Vera, y la secretaria General de Transportes y Movilidad, María José Rallo, han mantenido el pasado jueves una reunión con el director ejecutivo de la Autoridad Laboral Europea (ALE), Cosmin Boiangiu, en la que le han trasladado el apoyo del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) a su labor de coordinación e impulso de la cooperación de los Estados Miembros de la Unión Europea en inspecciones de empresas fraudulentas, en particular para las inspecciones de empresas buzón y en la lucha contra prácticas ilegales.

En el ámbito del transporte por carretera, desde Mitma se ha trasladado al Director Ejecutivo de ALE la voluntad de participar en inspecciones concertadas y conjuntas con otros Estados Miembros para garantizar la efectividad de las inspecciones realizadas en la lucha contra las empresas buzón y los falsos autónomos de carácter internacional.

Asimismo, los representantes del Ministerio han destacado la importancia de que ALE realice campañas de información y seminarios coordinados con los Estados Miembros para la divulgación de la normativa de los trabajadores desplazados, dirigidos a las empresas de transporte, así como programas de formación para el personal participante en las inspecciones concertadas y conjuntas, introduciendo un protocolo de buenas prácticas.

Impulso a los Planes Nacionales de Inspección

Además, se ha pedido a ALE que impulse la ejecución de los Planes Nacionales de Inspección por parte de todos los Estados Miembros en los que se determine el carácter prioritario de la lucha contra las empresas buzón en sus diversas modalidades y su comunicación. 

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y el Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social (OEITSS), dependiente del Ministerio de Trabajo y Economía Social, firmaron en julio un Protocolo con el objeto de mejorar la coordinación funcional y operativa en la lucha contra las infracciones del ordenamiento jurídico en el sector del transporte por carretera y en especial, contra la economía sumergida y la competencia desleal.

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