El Comité Madrileño de Transporte tacha de “ilusión insostenible” la Ordenanza de Movilidad del Ayuntamiento

Afirman que la  opinión que el Ayuntamiento tiene del sector de transportes tanto de mercancías como de viajeros es que “somos un sector “amenaza” y no nos incluye dentro de la configuración de una gran ciudad”.

El Comité Madrileño de Transporte por Carretera (CMTC), entidad corporativa configurada como órgano de representación, que sirve de cauce de participación integrada del sector del transporte y colaboración con la Administración en el ámbito del transporte por carretera, ha puesto de manifiesto la preocupación que late en su seno tras quedar redactado el texto final, en fase de aprobación, del proyecto de Ordenanza de Movilidad Sostenible del Ayuntamiento de Madrid, el que, ha calificado como  “una ilusión insostenible”.

Este Comité,  afirma que  el Ayuntamiento de Madrid, por medio de la Ordenanza de Movilidad en ciernes, pretende “concebir y planificar una ciudad ideal del futuro, llena de espacios verdes, idílica para el peatón, sin contaminación, sin vehículos, etc”, pero  “termina chocando en su proyecto con la cruda realidad: la ciudad ya está construida, tiene sus calles, los espacios son los que tiene, la movilidad de las personas por medio de taxi, vtc y vehículos con o sin conductor, el transporte colectivo por medio de autobuses y autocares, incluidos los turísticos, y los servicios de transporte de mercancías para abastecer los comercios ubicados en su interior y las mudanzas tienen una regulación propia que cumplen; no circulan por la ciudad para contaminar, estorbar, u ocupar espacios de paradas o aparcamientos, y lo más importante: son actividades, todas, que tienen naturaleza de “servicio público”, por lo que, necesariamente, cualquier nueva regulación de movilidad, o planificación de acceso a zonas reguladas que les afecte, debería partir de su “derecho de acceso a las distintas áreas de la ciudad” para que puedan cumplir con la misión y las obligaciones que “esta ciudad de Madrid”, como está conformada, les tiene encomendada”.

El CMTC, asegura que  durante el proceso de alegaciones “ha sido oído pero no escuchado” y todo ello, pese a el CMTC envió un documento en el que se plasmaron 93 puntos que recogían las alegaciones formuladas al texto no consensuado. “Solo se han admitido un diez por ciento de nuestras propuestas”. De la contestación dada por el Ayuntamiento a las citadas alegaciones desde el CMTC concluyen que  “la opinión que el Ayuntamiento tiene del sector de transportes tanto de mercancías como de viajeros es que somos un sector “amenaza” y no nos incluye dentro de la configuración de una gran ciudad”.  “Por eso- añaden-no podemos dejar de expresar nuestra preocupación por el oscuro panorama que la ordenanza contiene ante las dificultades que se imponen para poder cumplir las demandas de servicios de transporte de personas, de distribución y abastecimiento”.
En su opinión, “la Ordenanza de Movilidad Sostenible no debe dificultar la actividad del transporte de personas ni de mercancías, y ha de ser compatible con el desarrollo económico y del empleo. Establecer medidas restrictivas del tráfico no surte efecto si a la vez no se impulsa una mejora de las infraestructuras de transporte y se potencia un transporte público respetuoso con el medio ambiente”.

Los transportistas se quejan de que en ningún momento se ha apreciado voluntad negociadora por parte de los representantes del consistorio municipal, “como finalmente se ha demostrado, optando por la vía de la imposición”. Ante esta situación el CMTC en los próximos días mantendrá carácter urgente con los representantes de los diferentes grupos políticos del Ayuntamiento a fin de que las propuestas del sector puedan incluirse como enmiendas al proyecto normativo de movilidad, ya que se genera un grave perjuicio a las empresas del sector del transporte.

Denuncian que, de cumplirse  las previsiones del  Ayuntamiento obligarían a las empresas a renovar el 90% de su flota, lo que puede generar un coste económico de 1.300 millones de euros por trabajo directo. Además, se preguntan “¿Cómo se puede exigir para acceder al centro de la capital la utilización de vehículos de unas determinadas características o de sus motorizaciones por nivel de contaminación o eléctricos, o de gas, cuando todavía no se han concebido por los fabricantes?”.

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