ATRADICE ha trasladado al Ayuntamiento de Madrid su oposición al Plan de Calidad del Aire y Cambio Climático (Plan A) que pretende poner en marcha el gobierno municipal de Manuela Carmena, ya que se trata de un plan inviable, insolidario e injusto con el sector de transporte de mercancías por carretera. Como se recordará, entre otras cosas, el Plan prohíbe el acceso al área central a camiones diésel destinados al transporte matriculados antes del 2005 a partir de 2019 y a los matriculados antes del 2014 a partir del 2020. En Opinión de Atradice, el Plan del ayuntamiento de Madrid “obvia la condición del transporte de mercancías como una actividad básica y fundamental para la ciudadanía (suministro de bienes de primera necesidad como medicamentos, alimentos o bebidas), así como para la economía, sectores como la hostelería, el comercio y el turismo necesitan el abastecimiento de sus productos”.
“Resulta inviable-reza el comunicado de esta asociación- porque el sector no puede asumir una renovación de flota de la práctica totalidad del parque de camiones y furgonetas a partir del 2020, a lo que se une la ausencia de oferta de vehículos ecológicos destinados al transporte de mercancías por parte de los fabricantes. Además en su opinión, se genera una gran inseguridad jurídica, ya que se prevé que a partir del 2020 se puedan modificar las condiciones de los vehículos para acceder al área central.
Dese Atradice también lanzan la propuesta de que los planes de calidad del aire sean supramunicipales, a fin de establecer criterios homogéneos y unificados en todo el territorio nacional, teniendo en cuenta que “la actividad del transporte de mercancías por carretera está sometida a una autorización administrativa de transporte de ámbito nacional”. No obstante, estos planes de ámbito supramunicipal deberían “tener en cuenta las diferentes circunstancias y particularidades de los municipios estableciéndose una catalogación de municipios con problemáticas análogas. De lo contrario se corre el riesgo de que se generen efectos frontera dentro de nuestro propio territorio nacional, incluso autonómico,
pues los requisitos exigidos en un determinado municipio pueden llegar a ser incompatibles con los exigidos en otro, lo cual genera un serio problema de inversión en flota a nuestras empresas”.
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