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Además de este control de peso, desde la Comunidad de Madrid también se utilizan dispositivos de lectura de matrículas en vehículos en movimiento para detectar a posibles empresas que se dediquen al transporte sin la correspondiente autorización

Conservar adecuadamente las infraestructuras viarias, garantizar la correcta competencia entre empresas y, sobre todo, contribuir a la mejora de la seguridad vial son los objetivos de las campañas de inspección a vehículos de transporte de mercancías que realiza periódicamente la Comunidad de Madrid, en las que en 2017 se controló el peso de un total de 8.530 camiones de transporte que circularon por las carreteras madrileñas.
La consejera de Transportes, Vivienda e Infraestructuras, Rosalia gonzalo López,  ha visitado la estación de pesaje de Venturada para asistir a uno de estos controles, que realiza el personal del Área de Inspección del Transporte en colaboración con los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil. Allí ha señalado que la actividad inspectora llevada a cabo durante el pasado año permitió denunciar a 1.983 vehículos, un 23 % de los revisados, por circular con exceso de peso, una infracción que puede acarrear sanciones de 301 a 4.600€ en función de la gravedad de la misma.
La de Venturada es una de las cinco estaciones de pesaje fijas con las que cuentan los servicios de inspección de transportes de Madrid, además de disponer de otros nueve equipos móviles, la mayoría cedidos a las policías locales de Madrid, Pozuelo y Las Rozas y a la Guardia Civil. Con este último cuerpo de seguridad hay suscrito un convenio de colaboración en materia de vigilancia e inspección del transporte por carretera, vigente desde 2007 y que permite al Gobierno regional y la Benemérita sumar fuerzas para incrementar la eficacia de las labores de inspección.
Además de este control de peso, desde la Comunidad de Madrid también se utilizan  dispositivos de lectura de matrículas en vehículos en movimiento para detectar a posibles empresas que se dediquen al transporte sin la correspondiente autorización, una actuación orientada a evitar el intrusismo en el sector y que en 2017 permitió controlar a más de 18.000 vehículos.
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