distribuciopn urbana en ZBE

Desde CETM recuerdan que el transporte de mercancías representa una contribución mínima a las emisiones de NOx: un 3,87% en vehículos ligeros y un 0,52% en pesados, frente al 39,25% generado por el tráfico rodado en general.

 El Comité Madrileño del Transporte por Carretera ha planteado una serie de medidas al Ayuntamiento de Madrid para compatibilizar los objetivos medioambientales de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) con la viabilidad económica del sector.

Entre las propuestas destacan la flexibilización del calendario de renovación de flotas, la ampliación del horario de acceso al Distrito Centro de 7:00 a 19:00 horas para vehículos de categorías B y C, así como la introducción de excepciones para los vehículos de mudanzas que cuenten con autorización municipal de ocupación de vía pública.

Alternativa  viable para las empresa de transporte

Según el Comité, estas modificaciones ofrecerían una alternativa “real, eficiente, económicamente viable y competitiva” para las empresas de transporte que operan en la capital, sin comprometer los objetivos medioambientales marcados en la Ordenanza de Movilidad Sostenible.

Malestar del sector del transporte

Por su parte, la patronal del transporte de mercancías en la Comunidad de Madrid (CETM-Madrid) ha reiterado su malestar por el impacto de las restricciones actuales. Durante su última Junta Directiva, la organización cuestionó si está justificada una política “tan restrictiva” hacia los vehículos de carga, recordando que el transporte de mercancías representa una contribución mínima a las emisiones de NOx: un 3,87% en vehículos ligeros y un 0,52% en pesados, frente al 39,25% generado por el tráfico rodado en general.

Coste económico superior al previsto

CETM-Madrid advierte además de que la entrada en vigor de la Ordenanza de Movilidad Sostenible (2018) y sus posteriores modificaciones ha generado un sobrecoste muy elevado para el sector. Mientras que el Ayuntamiento calculaba un gasto de 26 millones de euros, la patronal eleva la cifra a 1.300 millones de euros en renovación de flotas, una carga que muchas pymes y autónomos no han podido asumir y que amenaza la continuidad de parte del tejido empresarial.

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