Aragón: habilitación “exprés” para conductores extranjeros de camión y autobus

La dificultad que las empresas de transporte aragonesas (y de todas las Comunidades Autónomas) están encontrando a la hora de contratar conductores, es ya uno de los principales problemas a los que se enfrenta este sector. Se calcula que  en España se necesitan cerca de 20.000 conductores profesionales de transporte de mercancías y viajeros para cubrir la demanda de las empresas transportistas.

Tras constatar que el transporte por carretera ya no es una actividad capaz de atraer a las nuevas generaciones (al menos en las condiciones laborales que se ofertan a día de hoy) en los últimos años se ha vuelto la mirada hacia los conductores profesionales de terceros países. Tanto desde el punto de vista de las propias  empresas que recuerren a la  contratación en origen, como  desde algunas comunidades autónomas,  se han establecido protocolos para agilizar los trámites necesarios para poder trabajar como conductor profesional, cumpliendo con los requisitos que se establecen con carácter general.

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¿Qué necesita un conductor profesional para trabajar en España?

Así, la Dirección General de Transportes del Gobierno de Aragón, la Jefatura Provincial de Tráfico de Zaragoza y la Oficina de Extranjería de la Delegación del Gobierno en Aragón han establecido un protocolo para agilizar la habilitación de conductores de fuera de la UE. Dicho protocolo persigue la reducción de los plazos de tramitación y de obtención del Certificado de Terceros Países, un documento que tienen que obtener estos trabajadores para poder ejercer la actividad de conductor profesional en un país miembro de la UE, como es España.

Para la obtención de este certificado son necesarios varios requisitos. El trabajador en cuestión tiene que tener permiso de residencia, cuya expedición compete a la Oficina de Extranjería; debe estar en posesión de un permiso de conducción que le habilite para el manejo de vehículos pesados, cuyo trámite de homologación compete a la Jefatura Provincial de Tráfico; y debe estar en posesión del Certificado de Aptitud Profesional (CAP), cuya expedición corresponde a la Dirección General de Transportes del Gobierno de Aragón. De ahí que sea necesario el concurso de estos tres organismos públicos que han establecido al protocolo.

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Homologación “exprés” del carnet de conducir camión

De esta manera, la Oficina de Extranjería de Aragón agilizará los trámites relativos a los permisos de residencia, la Jefatura Provincial de Tráfico hará lo propio con el canje y la homologación de los permisos de conducir y la Dirección General de Transportes introducirá una convocatoria extraordinaria para la obtención del CAP, por lo que a las seis anuales ya existentes se añadirá una séptima en el mes de junio, posibilitando que puedan realizar esta prueba un mayor número de conductores. Además, por parte de la Dirección General de Transportes se estudiará una mayor colaboración con el Instituto Aragonés de la Juventud y el Instituto Aragonés de la Mujer, a fin de fomentar la profesión de conductor entre los jóvenes y las mujeres.

Colaboración institucional

Para el director general de Transportes del Gobierno de Aragón, Miguel Ángel Anía, lo importante de este protocolo “es la intención de dar solución a un problema con el que se encuentran a diario las empresas de transporte, porque faltan conductores y eso pone en riesgo la actividad de cientos de empresas en nuestra comunidad, lo que afecta a un sector tan estratégico para nosotros como es el de la logística y el de los servicios de transporte de viajeros, máxime cuando estamos a las puertas de poner en marcha el nuevo mapa concesional con 19 concesiones y un incremento sustancial de los servicios”. Además, el director general de Transportes ha resaltado la colaboración institucional: “Quiero poner en valor el hecho de que nos hayamos puesto de acuerdo tres organismos públicos para dar solución a un problema laboral y social tan importante, es un ejemplo de cómo las administraciones públicas deben trabajar conjuntamente para resolver los problemas de los ciudadanos y las empresas, independientemente del color político de cada una de ellas”.