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Con un  tráfico de camiones que ha descendido más de un 42%, diversas asociaciones  reclaman “compartir” el coste  de los  retornos entre transportistas y cargadores


El transporte de mercancías por carretera alerta estos días sobre el grave riesgo de paralización del  sector, y por ende del abastecimiento a la población, derivado del descenso dramático de la actividad, en especial desde la prohibición de todo trabajo no esencial,  que está provocando, entre otras cosas,  que sea imposible encontrar viajes de retorno.  

Los datos sobre tráfico que semanalmente publica la DGT, cifran en un 42% el descenso de tráfico de camiones pesados en nuestras carreteras, con respecto a un día equivalente “normal”. Y eso en tráficos nacionales,  ya que el transporte internacional se ha resentido más todavía.  Ante esta situación,  desde el sector se ha dado la voz de alarma, pues un colapso del transporte de mercancías por carretera en las actuales circunstancias podría ser alarmante.  

Así, en una información  que publica EFE, el secretario general adjunto de la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM), Dulsé Díaz, ha sugerido que tiene que haber un cambio en la manera habitual de trabajar entre transportistas y  cargadores. “En el sector hay un alto porcentaje de pymes con flotas de tres o cuatro camiones y un margen de aguante financiero "escaso", ha subrayado Díaz, que ha recordado que mientras el 90 % de los costes se pagan al contado (combustible, sueldo del conductor y letra del camión), el cobro de sus servicios se aplaza meses.

Por ello, "si la mitad del recorrido no tiene contraprestación hay un riesgo altísimo de que la cadena de suministro se rompa y nos quedemos sin camiones que se necesitan", ha advertido. En su opinión, la solución es que los cargadores tomen conciencia y "paguen por el transporte lo que vale actualmente".
Una petición que comparten en Astic, que el pasado viernes solicitaba al Gobierno,
“un cambio temporal de la normativa sobre “contratos de transporte”, por la vía de urgencia, mientras se mantengan las medidas extraordinarias de confinamiento del Estado de Alarma, que permita “repartir” entre los contratantes del servicio del transporte por carretera los perjuicios derivados de esta grave crisis de movimiento de mercancías”.

 Desde Astic explican que el servicio que se presta, bajo contrato verbal o formal, tiene un precio que se ha establecido en un escenario de flujos normales de ida y vuelta que actualmente no se producen, una situación que ha variado dramáticamente debido al confinamiento social y la “hibernación” económica e industrial de España y de otros países europeos.

“Es injusto que el transportista tenga que ser, entre todos los intervinientes, el único que soporte las consecuencias de una situación totalmente anómala. Y que se le obligue a seguir realizando el transporte en unas condiciones ruinosas por la imposibilidad sobrevenida e imprevisible a la hora de establecer las condiciones contractuales”.

Astic asegura que no está reclamando que el Gobierno subvencione el retorno en vacío, sino que legisle de forma que exista una certeza durante el Estado de Alarma, amparada por el ordenamiento jurídico, de que los costes extraordinarios que suponen esos regresos en vacío sean compartidos por ambas partes: quien hace el servicio y quien se beneficia de él en el viaje de ida.

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