La Comunidad Autónoma más barata es Navarra, con una tarifa de tan solo 45’85 euros, que contrasta con la existente en Baleares, con 91’40 euros y la queja más habitual la demora en las citas previas
La dispersión de precios entre las comunidades autónomas en las tarifas que cobran las ITVs a los camiones es tan elevada que llega a duplicarse en algunos casos, según un estudio interno llevado a cabo por Fenadismer.
Así, los datos aportados por las diferentes asociaciones provinciales recogen una diferencia de hasta el 100% entre la más económica y la más cara, sin que tal variación guarde relación alguna con el régimen público o privado de gestión de las ITV.
En concreto, la Comunidad Autónoma más barata es Navarra, con una tarifa de tan solo 45’85 euros, que contrasta con la existente en Baleares, con 91’40 euros. En una banda central de precios se mueven la mayoría de las Comunidades autónomas, en las que el coste de pasar la ITV a los camiones se sitúa en la banda de los 60 – 70 euros, como es el caso de Aragón (67’19€), Cantabria (67’54€), Castilla-La Mancha (67’54€), Cataluña (67’50€), Castilla-León (64’96€), Galicia (60’15€), La Rioja (67’01€).
Por contra, entre las Comunidades Autónomas más caras se sitúan la Comunidad Valenciana (78’56€), Madrid (76’80€), Murcia (72’81€) y País Vasco (73’07€). A título de curiosidad, sorprende la importante diferencia existente en las 2 ciudades autónomas: en el caso de Ceuta es de 81’54€, que contrasta con la tarifa establecida en Melilla, que es de tan solo 57’11€.
Regularización desigual
Otra de las conclusiones que han sacado es que no hay un régimen de explotación común para todo el territorio, encontrando desde comunidades Autónomas en las que el servicio de Inspección Técnica de Vehículos se encuentra totalmente liberalizado, con otras en las que se trata de concesiones explotadas directamente por la Administración autonómica. En el primero de los casos, encontramos la comunidad de Madrid, donde el servicio de ITV esta totalmente liberalizado, por tanto los precios no estén regulados por la administración autónoma, y que, lejos de provocar una mayor competencia que tire de los precios hacia abajo, las tarifas se sitúan entre las más altas de España.
En las restantes Comunidades Autónomas el régimen predominante es el de concesión pública para la explotación de las ITV por empresas privadas, salvo en el caso de Andalucía y de Asturias en las que lo gestionan directamente empresas públicas. En el caso de Murcia y Extremadura conviven algunas estaciones de carácter público, explotadas directamente por la Administración autonómica, con otras privadas en régimen de concesión, presentando diferencias importantes en las tarifas aplicadas entre ellas.
Entre las quejas más frecuentes que manifiestan los transportistas en relación con las ITV se refieren a la solicitud de cita previa obligatoria en muchas Comunidades Autónomas, que en algunos casos se demora más de 30 días, como es el caso de las ITV de Cataluña, condicionando gravemente la actividad empresarial de los transportistas que deben ajustar sus rutas a la fecha adjudicada por la ITV.
Por último, según destacan desde esta federación, “resulta sorprendente que en la actualidad no exista ningún Registro público oficial que permita consultar la relación de Estaciones de ITV existentes en toda España, lo que permitiría tanto a los ciudadanos particulares como a los profesionales elegir la Estación ITV de su conveniencia, en función de su ubicación, tarifas o disponibilidad horaria”.
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