Las indemnizaciones por paralización y daños en el transporte por carretera congeladas desde 2022

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Entre los múltiples problemas que genera desde hace tres  años la falta de  aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, el transporte por carretera no es ajeno a  las consecuencias que genera. En esta ocasión, Fenadismer ha puesto el foco  en que esta falta de presupuestos  mantiene congeladas las cuantías indemnizatorias que se aplican en el transporte de mercancías por carretera, tanto en los supuestos de paralización de los vehículos como en los casos de daños o siniestros.

Esta situación afecta directamente a los transportistas, ya que las indemnizaciones previstas legalmente no se han actualizado pese al fuerte incremento de los costes operativos del sector y a la evolución del mercado laboral en los últimos años.

El cambio de índice de referencia y su impacto económico

Uno de los factores clave en la pérdida de valor de estas indemnizaciones fue el cambio del índice de referencia aprobado en 2009. Mientras que la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres utilizaba el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) como base para el cálculo, la Ley del Contrato de Transporte Terrestre sustituyó este criterio por el IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples).

El IPREM se fija anualmente a través de la Ley de Presupuestos Generales del Estado y se aplica el último valor oficialmente publicado. Sin embargo, a diferencia del SMI, no se ha actualizado de forma regular incluso en ejercicios en los que sí se aprobaron presupuestos, como ocurrió entre 2010 y 2012. La situación se ha agravado desde 2022, año desde el cual el IPREM permanece completamente congelado debido a la ausencia de nuevas leyes presupuestarias.

Una depreciación superior al 80% frente al SMI

El efecto acumulado de este cambio de referencia ha supuesto una depreciación muy significativa de las indemnizaciones por paralización. Mientras que el Salario Mínimo Interprofesional ha experimentado en España un incremento acumulado superior al 95% entre 2009 y la previsión para 2026, el IPREM apenas ha aumentado alrededor de un 13% en ese mismo periodo.

Este desfase ha generado una pérdida de valor superior al 80% en las cuantías indemnizatorias, situando las compensaciones económicas muy por debajo de la realidad actual del sector y reduciendo su capacidad para cubrir los costes reales derivados de las esperas, inmovilizaciones o daños sufridos por los vehículos.

Desde 40 euros la hora de paralización

El Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC) logró alcanzar un acuerdo en diciembre de 2021 con el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana en el que se incluyó la reducción de los tiempos de espera por los que se puede pedir una indemnización. 

La normativa mercantil reconoce el derecho del transportista a reclamar una indemnización al cargador cuando el vehículo deba esperar más de una hora (hasta entonces era a partir de la segunda hora) para completar la carga o descarga de la mercancía. 

Los transportistas afectados por esperas  de más de una hora de sus vehículos para  poder efectuar la carga o descarga de sus vehículos pueden reclamar en concepto de paralización, por un importe que, para este año asciende a 40 euros por cada hora de espera, durante el primer día. Teniendo en cuenta que el máximo computable es de 10 horas por día, la paralización por el primer día ascendería a 400 euros, mientras que durante el segundo día, asciende a 50 euros por hora, y a partir del tercer día el importe es de 60 euros por hora, es decir, 600 euros el día completo.

Petición de una actualización urgente del IPREM

Ante este escenario, desde el sector del transporte por carretera y más concretamente desde Fenadismer,  se reclama al Ministerio de Transportes la aprobación urgente de una norma legislativa extraordinaria que permita actualizar de forma inmediata el IPREM para 2026, con un incremento sustancial respecto al valor actualmente vigente.

El objetivo es restablecer “el equilibrio económico de las indemnizaciones por paralización y daños, evitando que continúen perdiendo poder compensatorio y garantizando una protección mínima adecuada para los transportistas en el ejercicio de su actividad profesional”.