España pierde 1.000 millones de fondos europeos por no subir impuestos al diésel

La Comisión Europea ha decidido congelar cerca de 1.000 millones de euros del quinto tramo del Plan de Recuperación y Resiliencia destinado a España —valorado en 23.900 millones de euros entre subvenciones y préstamos— debido al incumplimiento de dos hitos clave: la digitalización de las administraciones territoriales y, especialmente, la prometida subida fiscal al diésel.

La medida, aunque parcial, supone un revés importante para el Gobierno español, que ahora deberá completar los compromisos pendientes si quiere desbloquear el desembolso completo. Las autoridades comunitarias ya habían advertido en enero que la aprobación de este quinto paquete de ayudas estaba condicionada a la equiparación impositiva entre el diésel y la gasolina, y establecieron una fecha límite para su cumplimiento en marzo de 2025. Sin embargo, los avances legislativos no han sido suficientes.

El Gobierno no cuenta con el aval del Parlamento

Pese al varapalo, el Gobierno español ha asegurado que los equipos técnicos de la Comisión Europea y de los ministerios implicados continúan trabajando para validar en los próximos meses los compromisos pendientes, de cara a desbloquear el pago completo del tramo congelado.

Sin embargo, está por ver cómo va a encarar el Gobierno esta pretensión de la Comisión Europea, después de que el Congreso de los Diputados ya denegara a finales del año pasado  una enmienda  del Grupo socialista que incluía esta subida en el impuesto al diésel de 10 cts/litro para equipararlo a la fiscalidad que soporta la gasolina.

Mientras tanto, el sector del transporte por carretera —especialmente los transportistas autónomos— aguarda con incertidumbre el resultado final de una medida que podría transformar profundamente la estructura de costes en una de las actividades económicas más sensibles al precio del combustible.

Incremento total de 11,33 céntimos por litro 

La diferencia de trato fiscal entre ambos combustibles ha sido históricamente una constante en España. Actualmente, el diésel soporta un Impuesto Especial sobre Hidrocarburos de 307 euros por cada 1.000 litros, frente a los 400,69 euros que grava la gasolina. Esta diferencia de casi 9,4 céntimos por litro —a la que hay que añadir el 21% de IVA— supone un trato fiscal preferente que la Comisión Europea considera incompatible con los objetivos de descarbonización y transición energética.

La propuesta del Gobierno, ya incluida sin éxito en una enmienda presentada en noviembre de 2024 dentro del Proyecto de Ley para establecer un impuesto mínimo a los grupos multinacionales, busca igualar la fiscalidad de ambos carburantes. De aprobarse finalmente, el gasóleo sufriría un incremento total de 11,33 céntimos por litro (impuesto más IVA).

Impacto en los transportistas de ligero

El sector del transporte por carretera es uno de los más sensibles a cualquier modificación impositiva sobre el carburante. Aunque el incremento no afectaría a los vehículos pesados acogidos al régimen del Gasóleo Profesional, sí tendría un impacto directo en los transportistas titulares de vehículos ligeros (menos de 7,5 toneladas).

Este segmento, conformado en su mayoría por transportistas autónomos, representa alrededor del 30% de la flota nacional de transporte de mercancías, lo que equivale a más de 130.000 vehículos. A diferencia de sus homólogos del transporte pesado, estos profesionales no pueden acogerse a la devolución del incremento impositivo, ya que la actual regulación del gasóleo profesional excluye a los vehículos ligeros de esta compensación.

En un contexto de encarecimiento generalizado de costes y elevada competencia en el transporte de última milla, esta medida supondría un duro golpe económico para miles de pequeños operadores logísticos y autónomos, que verán cómo el precio de cada repostaje se incrementa sin posibilidad de compensación fiscal alguna.