Transportistas y ciudadanos convocan una gran movilización en Oviedo para exigir el fin de los peajes del Huerna y la AP-9

Las organizaciones Uita, cooperativas de transportistas, la Plataforma Ciudadana “Peaje del Huerna No!”, junto a asociaciones vecinales de Asturias, León y Galicia, y el exdiputado asturiano Daniel Ripa, han convocado una gran manifestación en Oviedo el próximo sábado 18 de octubre, a las 12:00 horas, frente a la Delegación del Gobierno en Asturias (Plaza de España).

El objetivo: exigir la eliminación inmediata del peaje del Huerna (AP-66) y de la AP-9 gallega, que —según la Comisión Europea— son ilegales desde 2021.

Penaliza al transporte y a la economía del noroeste peninsular

A pesar de la resolución firme y vinculante de Bruselas, el Ministerio de Transportes, dirigido por Óscar Puente, ha decidido mantener el cobro de estos peajes, en contra del Derecho europeo y de los intereses económicos y sociales de las regiones afectadas.

El peaje del Huerna se considera uno de los más caros y longevos de España. Esta autopista, principal vía entre Asturias y la Meseta, se ha convertido —según las organizaciones convocantes— en un “muro económico” que frena el desarrollo y castiga especialmente a los transportistas.

Los colectivos denuncian que:

• Las empresas de transporte sufren sobrecostes que restan competitividad y encarecen la logística.
• Los ciudadanos soportan un sobrecoste injusto para desplazarse o acceder a servicios fuera de su comunidad.
• El territorio sigue en desventaja estructural, alejando a Asturias, León y Galicia de la cohesión territorial que debería garantizar el Estado.

Una concesión declarada ilegal por la Comisión Europea

La Comisión Europea declaró ilegal en julio de 2025 la prórroga de la concesión de la autopista AP-66, aprobada en 2003 por el Gobierno de José María Aznar y extendida hasta 2050.
Según el dictamen europeo, cualquier cobro desde el 17 de octubre de 2021 carece de validez, lo que implica que tanto ciudadanos como empresas han estado pagando peajes indebidamente.

Pese a ello, el Gobierno español no ha retirado los peajes ni ha devuelto las cantidades cobradas, permitiendo que Aucalsa, la concesionaria actual —propiedad de un fondo de pensiones holandés—, siga explotando la vía.

Mientras en otras regiones como Aragón, Valencia, Cataluña o Andalucía se han suprimido los peajes de autopistas similares, el noroeste peninsular continúa pagando por infraestructuras amortizadas y declaradas ilegales.

Reivindicaciones del sector y colectivos convocantes

Los organizadores de la movilización exigen:

• La eliminación inmediata de los peajes ilegales de la AP-66 y la AP-9.
• La devolución de las cantidades cobradas indebidamente desde 2021.
• El cumplimiento de la legislación europea y la igualdad territorial en materia de infraestructuras.
• Un plan de movilidad sostenible y justo para el noroeste peninsular.