Los transportistas navarros se oponen a la prohibición de ciculación a camiones por la N-121

Mientras que los profesionales denuncian los graes perjuicios que les causaría, los alcaldes de la zona persisten en su exigencia de establecer dicha prohibición y desviar obligatoriamente a los camiones por la AP-15.

No cabe duda de que la política de prohibición , desvio o restricción del tráfico de camiones está plenamente anclada en el debate actual sobre ordenación del tráfico en España. No hay día en que no nos despertemos con la propuesta de una nueva prohibición, regulación o desvío obligatorio. En esta ocasión, es en la Comunidad Foral de Navarra, donde auspiciada por los alcaldes de la zona, se está cuestionando la posible aprobación de una restricción permanente a los camiones en la carretera nacional N-121, que conecta dicha región con la frontera francesa y por la que diariamente transitan más de 2000 camiones, obligándoles a desviarse por la AP-15.

Anticipándose a cualquier resolución, las asociaciones navarras de transportistas, Tradisna y Anet, han planteado los motivos de su rechazo total a dicha medida restrictiva, por el indudable coste económico, medioambiental y de afección negativa a la seguridad vial que ocasionaría a los transportistas que la utilizan. Y cuantifican estos costes, en la medida en que el desvío por la A15 significa realizar el transporte internacional por una ruta con más kilómetros (aproximadamente 23,6 kms.). Teniendo en cuenta que el coste directo de un vehículo pesado está en 1,3952€/km recorrido (ver último Observatorio de Costes del Transporte de Mercancías del Ministerio de Fomento, octubre 2019), se produce un incremento de coste en el trayecto de 32,92€. A mayor coste de transporte, menor competitividad de nuestros productos en los mercados. A esto, habría que sumar el coste de los peajes (impugnados por estas asociaciones) y que, a dia de hoy, el coste de circular por dicho desvío ascendería a 1,60€ por el peaje de la AP15 en Sarasa, el de la NI en Andoain costaría 1,50€, el de Astigarraga 0,89€ y por último el de Irún en la AP8 ascendería a 5,54€. En total 9,53€ por el conjunto de peajes, en el caso de un transporte de más de 12 toneladas, ingresando en las arcas guipuzcoanas 7,93€ por vehículo y trayecto.

Eso sin contar el lógico incremento del tiempo de conducción, que ascendería a unos 20-25 minutos, debido a los 23,6 kms de más que representa este desvío; o incluso más, dado que es una vía con embotellamientos en Urnieta y en frontera. Esto podría acarrear, debido a las limitaciones de los tiempos de conducción y descanso obligatorios para el sector, que algunos transportistas nacionales no puedan llegar a sus domicilios y/o destinos, con los costes que ello comporta tanto personales como profesionales.

LA última partida de costes, tiene que ver con algo más intangible, pero igualmente importante, como son los costes medioambientales, debidos al incremento de kilómetros y las pendientes pronunciadas de la A15, que supondrán también un mayor incremento de consumo, con el consiguiente impacto medioambiental, sin duda superior al generado en la N121A.

La alternativa no convence 

LA alternativa propuesta (A15), o convence a los profesionales que la tachan de “peligrosa por la orografía del terreno. Existen frecuentes desniveles que dificultan la conducción de los vehículos pesados, que llegan hasta las 40 toneladas. Por este motivo, además, el vehículo “sufre” un mayor desgaste de elementos como los frenos, suspensiones, neumáticos, etc., lo cual incrementa el coste del mantenimiento”, señalan desde estas asociaciones.

Además, el desvio de los camiones provocaría un impacto negativo económico para la zona, y en concreto para las gasolineras y locales hosteleros de la N-121, ya que muchos vehículos pesados que se dirigen hacia Europa realizan repostajes en las estaciones de servicio cercanas a frontera.

Respecto a la siniestralidad, uno de los argumentos en los que se apoya la petición de desvio obligatorio para los camiones, los últimos datos del informe de Policía Foral que refleja que los accidentes mortales causados por los vehículos pesados ascienden a uno en los últimos 4 años, en el cual además no estuvo implicado ningún otro vehículo.

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