responsabilidad patrimonial accidentes trafico

Dvuelta señala que la desidia de la Administración "entra en el terreno de la responsabilidad civil" e insta a todos los conductores que hayan sufrido daños por el mal estado de las vías a presentar una reclamación patrimonial

Baches que revientan ruedas, señalización borrada,arcenes intransitables,quitamiedos oxidados... En la mayoría de los casos, cuando ocurre un accidente, la DGT lo atribuye a 'velocidad inadecuada'. Pero…¿qué pasa con la responsabilidad  de las administraciones, que no mantiene las infraestructuras?.  

Se trata de una cuestión que cobra mayor importancia en estos dias en el que el déficit de conservación de las Red de Carreteras españolas ha saltado a la opinión pública, un déficit que ya alcanza la desproporcionada cifra de 13.000 millones de euros y cuya consecuencia principal es el aumento de los tramos catalogados como de alto riesgo en nuestras carreteras.

La responsabilidad de las infraestructuras

Dvuelta, entidad dedicada a la defensa de los conductores,  denuncia la opacidad de las estadísticas oficiales: “la DGT no recoge en sus datos cuántos accidentes se deben al mal estado de las vías” . Los siniestros causados por baches, gravilla suelta o asfalto deteriorado se atribuyen sistemáticamente a “velocidad inadecuada”.

"El objetivo es ocultar la magnitud del problema y eludir responsabilidades. Si se reconociera que miles de accidentes tienen como causa el mal estado de las carreteras, la Administración tendría que asumir su culpa e indemnizar a las víctimas", admiten.

Marco legal aplicable en España

En España, el régimen de indemnización por daños causados por el uso de las carreteras está regulado por:

  • Artículo 106.2 de la Constitución Española: reconoce el derecho a ser indemnizado por toda lesión causada por el funcionamiento de los servicios públicos.
  • Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público: regula la responsabilidad patrimonial de las Administraciones por daños derivados del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos (como el mantenimiento de carreteras).

Al respecto, existe alguna jurisprudencia positiva, como los  Dictámenes del Consejo Consultivo de Castilla y León (2011) en el que se estimaron reclamaciones en situaciones en las que baches no señalizados hicieron que el conductor derrapara y perdiera el control, provocando daños al vehículo, por ejemplo cuando un bache de gran dimensión provocó un accidente.

¿Reclamar los daños causados?

Esta entidad de  defensa de los conductores, ha puesto gratuitamente a disposición de todos los automovilistas afectados por averías derivadas del mal estado de las vías un modelo de escrito para reclamación por responsabilidad patrimonial de la Administración. Esta iniciativa responde al alarmante deterioro de la red viaria española y a la absoluta inacción de los entes gubernamentales encargados de su mantenimiento.

"Es intolerable que las carreteras españolas estén en un estado tan lamentable cuando la automoción aporta casi 40.000 millones de euros anuales al Estado. Con menos de 1.000 millones al año, las vías estarían perfectamente mantenidas. ¿Dónde está el resto del dinero?", afirma Pedro Javaloyes, portavoz de Dvuelta.

1.415 euros anuales por conductor.

Los cálculos que maneja esta entidad hablan por si solos: Con 28.142.469 conductores y una recaudación vinculada a la automoción de 39.838 millones de euros anuales (según ANFAC), cada automovilista aporta de media 1.415 euros al año —118 euros al mes— a las arcas públicas. Para concluir con una aseveración los conductores españoles “ya han pagado sobradamente por usar unas carreteras que se caen a pedazos".

Exigencia a la DGT: que actúe por la seguridad vial

Siendo la DGT el órgano  en el que debe recaer  la defensa de la seguridad vial,  Dvuelta  cree que ha llegado el momento en el que  "se plante ante el Gobierno y exija un plan inmediato para arreglar las vías, en vez de ser una simple correa de transmisión dedicada a recaudar y culpar a los conductores de los efectos de su propia mala gestión". La organización recuerda que la DGT tiene competencias para proponer medidas en materia de seguridad vial. "Su silencio ante el estado de las carreteras es cómplice".

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