Fomento podría liberar casi 1.000 km de peajes antes de 2021

La eliminación de los peajes en las autopistas, una vez que ha concluido el periodo de concesión, es uno de los objetivos que se ha marcado el nuevo titular de la cartera del Ministerio de Fomento, José Luis Ábalos.

Según ha explicado el titulr de la cartera de Fomento, esta decisión afecta directamente a tres autopistas de peaje (AP-1 entre Burgos y Armiñón, AP-7 entre Alicante y Tarragona y AP-4 entre Sevilla y Cádiz) cuyas concesiones vencen en 2018 y 2019. En conjunto suman 468 kilómetros. Además, según la  entrevista que ha publicado El País,  desde el ejecutivo advierten que esta decisión crea un precedente para las autopistas que vencen en 2021 (AP-2 entre Zaragoza y el Mediterráneo y los tramos de la AP-7 Tarragona-La Jonquera y Montmeló-El Papiol, con 479 kilómetros en su conjunto.

Este anuncio ha provocado la inmediata reacción de las concesionarias, a través de SEOPAN, la patronal, que ha recalcado que el impacto para el Estado de quitar el peaje de la AP-1 en el tramo Burgos-Armiñón, la primera de las autopistas de peaje afectadas por la extinción de la concesión, “será de 30 millones anuales, entre los 24 millones de ingresos fiscales, que el Estado dejaría de ingresar, y seis millones que supone el coste del mantenimiento". También han añadido que las tres autopistas de peaje en las que el Gobierno ha anunciado que quitará el peaje una vez que este año y el que viene concluyan su plazo de concesión  registran un tráfico de 16.825 usuarios al día y generan ingresos de 370 millones de euros al año.

El titular de Fomento también se ha referido  en esta entrevista  a las autopistas  de peaje quebradas, una herencia envenenada del ejecutivo anterior, ya que Ábalos ha señalado  que la información que le han trasladado  ahora no se corresponde  con la que manejaba el anterior ejecutivo,  ni en términos de los ingresos que podría reportar esa relicitación, ni tampoco en los costes que tiene que asumir el Estado tanto por RPA (responsabilidad patrimonial del Estado) como por las expropiaciones o por algún otro coste pendiente de asumir”.

De acuerdo con el ministro de Fomento, las cifras que le han trasladado varios responsables de ese departamento es que los ingresos previstos por la licitación son de unos 700 millones y la RPA entre 2.000 y 2.600, frente a los 1.000 millones que esperaba obtener el Ejecutivo anterior del PP y los 1.800 millones que preveía abonar.

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