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Tradime ha mostrado su malestar por el carácter obligatorio de la medida, criticando que   “no se haya contado con el sector a la hora de tomar esta decisión”.


El pasado sábado día 2 de diciembre  entró en vigor el desvío obligatorio del tráfico pesado de la N-232 a la AP-68 entre Tudela y Zambrana para evitar su circulación por La Rioja. El acuerdo para desviar el tráfico pesado de cuatro o más ejes por la autopista AP-68 supone, como medida compensatoria   la aprobación de un descuento del 75% del coste del peaje para el tráfico pesado entre Zambrana y Tudela para los recorridos internos y con Vía-T, mientras que para los vehículos que estén de paso y para los que circulen internamente pero no posean la Vía-T la bonificación será del 71,5%.
A partir de esa fecha Los camioneros solo pueden  entrar en los municipios que jalonan el recorrido afectado cuando tengan que repostar o realicen labores de carga o descarga. Quien no haga caso de las restricciones tendrá que asumir el pago de una multa de 500 euros. Los transportistas extranjeros deberán abonar la infracción en el mismo momento en el que se les sancione o se les inmovilizará el vehículo.
Las reacciones no se han hecho esperar y desde la Asociación Empresarial de Transportes Discrecionales de Mercancías de Aragón (Tradime) han mostrado su malestar por el carácter obligatorio de la medida, criticando que   “no se haya contado con el sector a la hora de tomar esta decisión”.
También denuncian que, aunque los transportistas tengan un descuento del 75 % en el precio del peaje, la carga del otro 25 % lo tiene que soportar el sector, una decisión que no consideran justa.
"Lo fácil es desviar por la autopista al transporte pesado que molesta, pero si tiene que ser el transporte el que asuma ese coste superior, no nos parece justo. Soportamos ya suficientes costes y nuestros márgenes de negocio son mínimos; no podemos asumir ningún tipo de coste más", ha asegurado el presidente de Tradime, Santiago López-Montenegro.
Asimismo, la asociación transportista ha expresado su malestar por la poca claridad en la información recibida sobre esta medida en la que no se han especificado el acceso a los polígonos industriales ni a las poblaciones riojanas, ni se ha concretado una posible salida de la autopista para acceder a servicios de carretera como gasolineras, restaurantes o áreas de descanso.
El Ejecutivo riojano aprobó el pasado 22 de septiembre el convenio de colaboración con el Ministerio de Fomento y la concesionaria de la autopista para bonificar el desvío, que tendrá un coste para las arcas públicas de 1,356 millones de euros, por encima de las cifras inicialmente barajadas, ya que el corredor se ha ampliado hasta los 155 kilómetros para que los accesos a la autopista se hagan por Zambrana (Álava) y Tudela (Navarra), de forma que se evite el paso de camiones por Haro y Alfaro. De esa cantidad, la Comunidad Autónoma aportará 900.000 euros y Fomento, 456.000, gasto que el Consejo de Ministros autorizó el pasado 13 de octubre.

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