El Real Decreto establecerá los criterios de fijación del peaje máximo a cobrar por las concesionarias privadas de autopistas, con la novedad de tendrán en cuenta las emisiones de los vehículos.
Aunque ya se habían pronunciado al respecto desde la Administración en repetidas ocasiones, ahora si parece totalmente oficial: la Directora General de Transportes por Carretera, Roser Obrer, anunció, este martes 2 de Abril a las asociaciones de transportistas que en el proyecto de Real Decreto que va a iniciar su trámite en breve el Ministerio de Transportes para transponer a la normativa española la nueva Directiva europea aprobada en 2022 sobre la aplicación de gravámenes a los vehículos de transporte por la utilización de las infraestructuras viarias, coloquialmente denominada “euroviñeta”, se va a descartar definitivamente el establecimiento de peajes en las autovías españolas.
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El proyecto de Real Decreto, que será sido sometido a consulta pública en próximos días, establecerá expresamente la no aplicación de peajes por la circulación en las autovías y resto de carreteras que forman parte de la Red General del Estado, con la excepción lógicamente de las autopistas privadas sometidas a régimen concesional.
Las emisiones de los vehículos en el cálculo del peaje
El nuevo Real Decreto establecerá los criterios de fijación del peaje máximo a cobrar por las concesionarias privadas de autopistas, cuya principal novedad, siguiendo el criterio marcado por la directiva comunitaria, es que para realizar el cálculo se deberán tener en cuenta las emisiones de los vehículos, tal y como ya ocurre en algunos países de nuestro entorno, especialmente en Alemania.
Eso si, el Ministerio de Transportes, según fuentes del Comité Nacional de Transporte por Carretera, se ha comprometido a que este criterio sólo se aplique en las autopistas propiedad del Estado a través de la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte. Esto reduce enormemente su ámbito de aplicación ya que en este grupo sólo se contabilizan las autopistas rescatadas como consecuencia de la quiebra de las empresas explotadoras, y que en la actualidad lo conforman las radiales R2, R3, R4, R5, en Madrid, y las autopistas M12, AP-41 y AP-36, y tramos de la autopista AP-7 en la Circunvalación Alicante y AP-7 en Cartagena-Vera.
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La presión de las Asociaciones de transportistas
El pasado año, el Gobierno decidió rectificar su anterior criterio favorable a la imposición de peajes en las actuales vías libres de pago, un criterio que han perseguido todos los anteriores gobiernos sin distinción, debido, fundamentalmente al rechazo de las asociaciones de transportistas a su implantación por su indudable daño a la competitividad del sector del transporte y del resto del sistema económico español.
En el lado contrario, siempre han estado las empresas constructores, que han ejercido durante estos años una tremenda presión para que se extendiera el peaje a las autovías actuales libres de pago.
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