El portavoz socialista de Fomento en el Congreso se compromete a seguir presionando al Gobierno de España para que se sume a la Alianza por Carretera y trasponga la directiva europea sobre desplazamiento de trabajadores.
La Asociación Empresarial de Transportes Discrecionales de Mercancías de Aragón (Tradime) continúa logrando apoyos para su campaña en contra de la competencia desleal o dumping social en el sector transportista. El presidente de Tradime, Santiago López-Montenegro, se reunió este miércoles en Madrid con el portavoz de Fomento del Grupo Parlamentario Socialista, César Ramos.
En el encuentro, López-Montenegro expuso la situación actual del sector y la preocupación existente respecto al dumping social. El portavoz socialista, por su parte, mantuvo su compromiso de seguir presionando al Gobierno para iniciar medidas que luchen contra la competencia desleal.
En concreto, tanto Tradime como PSOE quieren que el Gobierno dé un paso en tres puntos concretos. El primero es unirse a la Alianza por la Carretera contra el dumping social y el fraude en el transporte. El segundo punto es la trasposición de la directiva europea sobre desplazamiento de trabajadores en el marco de una prestación de servicios y que la UE puso como fecha límite para su entrada en vigor el 18 de junio de 2016. "Con esta directiva se puede exigir que el transportista que esté trabajando en España tenga las mismas condiciones laborales de un trabajador español", explica López-Montenegro, quien señala también que su aplicación podría reducirse el impacto de la competencia desleal de las empresas deslocalizadas en países del Este.
El último punto es el incremento de las inspecciones de transporte por carretera, incidiendo en los vehículos desplazados que se encuentren realizando servicios de cabotaje.
Mñas información sobre asociaciones de transporte
En concreto, tanto Tradime como PSOE quieren que el Gobierno dé un paso en tres puntos concretos. El primero es unirse a la Alianza por la Carretera contra el dumping social y el fraude en el transporte. El segundo punto es la trasposición de la directiva europea sobre desplazamiento de trabajadores en el marco de una prestación de servicios y que la UE puso como fecha límite para su entrada en vigor el 18 de junio de 2016. "Con esta directiva se puede exigir que el transportista que esté trabajando en España tenga las mismas condiciones laborales de un trabajador español", explica López-Montenegro, quien señala también que su aplicación podría reducirse el impacto de la competencia desleal de las empresas deslocalizadas en países del Este.
El último punto es el incremento de las inspecciones de transporte por carretera, incidiendo en los vehículos desplazados que se encuentren realizando servicios de cabotaje.
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