El sindicato de transportistas autónomos de Euskal Herria Hiru ha llevado a cabo una caravana de camiones y una concentración frente a la Diputación Foral de Gipuzkoa esta mañana.

 

En el marco de estas protestas la portavoz del sindicato Estitxu Ugarte, ha hecho un llamamiento a la Diputación para que fije un posicionamiento institucional firme y público en defensa del sector vasco del transporte de mercancías por carretera y del propio transportista autónomo, y para que en coherencia con esa postura adopte medidas en defensa del sector.
Hiru ha exigido que se abra una negociación real en torno al Plan de Rescate del Transporte que ha presentado el sindicato.
Su portavoz ha recrdado que ya son más de 200 los transportistas autónomos de Gipuzkoa que se han visto obligados a abandonar la actividad en el último año, y que “hasta la fecha el Ejecutivo Foral no ha dado ni un solo paso para garantizar el futuro de un sector que es estratégico para la provincia. “Más bien al contrario, señala Ugarte,  el pasado 1 de marzo se aprobó una reforma fiscal que no tuvo en cuenta las medidas de apoyo al sector que defendía Hiru y que por tanto va a suponer un obstáculo más para la supervivencia de los y las transportistas de Gipuzkoa”.
Ugarte ha subrayado además que es falso que la Diputación no tenga competencias para poner en marcha un Plan de Rescate del Sector y una batería de medidas de apoyo al transportista, el problema es que falta voluntad política. “La
Diputación de Gipuzkoa tiene, por ejemplo, competencias para poner en marcha un plan de persecución contra las falsas cooperativas de transporte que actúan en la provincia, tiene competencia para garantizar que en la obra
pública que adjudica se contrata transporte local, tiene competencia para imponer o no imponer peajes, y también tiene posibilidad de actuar de intermediario ante las empresas de la provincia para que el transporte se contrate en condiciones dignas”. En opinión de HIRU, son estas y otras medidas son las que puede adoptar la Diputación si tiene voluntad para ello. “No es, por tanto, un problema de competencias”, sentencia Ugarte.

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