Tradime denuncia que el histórico incremento del precio del carburante asfixia al transporte

Asfixiados. Así califica la situación actual la Asociación Empresarial de Transportes Discrecionales de Mercancías de Aragón (Tradime) respecto al histórico incremento  del 35% del precio del carburante, que ahoga a los profesionales del sector desde los últimos siete meses, y la subida general de los proveedores del transporte.

Desde Tradime Aragón señalan que “estamos padeciendo una escalada de precios sin precedentes que absorbe todos nuestros beneficios”, lamenta el presidente de Tradime, José Antonio Moliner. Tal y como resalta, “el problema es trasladar a nuestra facturación la subida de los costes que tenemos, tanto en combustibles, ruedas, como en otros proveedores, ya que para compensar pérdidas cada transportista debe calcular sus gastos y negociar individualmente con su cargador el aumento de su servicio, conforme a Derecho, y que podría oscilar entre un 10 y un 12%”.

Moliner subraya que “venimos de una crisis muy grave con la Covid-19, de la cual estábamos recuperándonos y, tanto el Gobierno de España como los gobiernos europeos tendrían que poner de su parte porque están recaudando porcentualmente mucho más, tanto por el impuesto de hidrocarburos,  como por el IVA”.

El Impuesto Especial de Hidrocarburos supone alrededor del 32% del precio combustible; por este motivo, el portavoz de Tradime indica que “si se redujera este impuesto, podríamos aliviar esta situación, puesto que los cargadores se niegan en redondo a asumir esta subida, y sería una forma de que no recayese todo el peso sobre el transportista”.

Para Moliner, la realidad a la que se enfrenta el sector del transporte es que “hace unos meses el combustible suponía alrededor del 40-45% del coste de producción, mientras que ahora se sitúa en el 60 o el 70%, a lo que hay que sumar el aumento del precio de los neumáticos en un 14%, entre otros”.

Por otra parte, resalta que “desconocemos el motivo por el que el Paquete de Movilidad no ha sido trasladado a la legislación española, con lo cual no se puede aplicar”. La puesta en marcha de esta normativa, y que las cooperativas de trabajadores asociados estuvieran contempladas dentro del Régimen General de la Seguridad Social, “nos igualaría a todos a la hora de trabajar en las mismas condiciones, porque todos tendríamos que asumir los mismos gastos y no padecer la competencia desleal”.

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