El organismo que preside Ovidio de la Roza advierte que si se mantiene el actual nivel de relación entre ambas partes no puede descartarse la adopción de “otro tipo de medidas”
El Comité Nacional del Transporte ha acusado a la Dirección General de Tráfico de actuar con “absoluto desprecio” a los problemas que sufre el sector, “relacionados con materias de su competencia y que está en sus manos solucionar”.
Desde el Comité Nacional advierten que el desprecio de que han sido objeto se refleja en el hecho de que tras la toma de posesión de la actual directora general, María Seguí, en febrero de 2012, el Comité solamente se ha podido reunir con ella en la tarde del 31 de julio. En la cita se abordaron cuestiones como la adecuación de las edades de obtención de los permisos de conducir en las categorías C y D, para evitar la disfunción que se produce actualmente entre la edad de obtención de la formación profesional CAP y la del permiso de conducción para estas categorías de vehículos. También se trataron otros temas como el acceso a la información de los puntos del carné de los conductores, una información que evitaría las actuales infracciones administrativas. Según denuncia el Comité nacional en aquel encuentro la directora general asumió un compromiso de solución para todas estas cuestiones “que todavía estamos esperando”.
Otro asunto motivo de conflicto es la modificación del Reglamento General de Conductores en materia de transporte de mercancías peligrosas en lo tocante a las pruebas teóricas de control de conocimientos, donde tras ser conocido y aprobado el borrador por parte del Comité Nacional de Transportes sin ningún cambio, “se sorprendió nuevamente al sector cuando la versión definitiva de la norma contenía una reforma importantísima de los apartados 2 y 3 del artículo 68, relativa a las pruebas teóricas del control de conocimientos”.
Ante este clima de falta de colaboración, el Comité Nacional advierte de que “de mantenerse el actual nivel de colaboración con la Dirección General de Tráfico, no es descartable que el sector se vea obligado a adoptar otro tipo de medidas que faciliten la normal respuesta que la Administración debe dar a una actividad de la importancia económica que tiene el transporte de mercancías por carretera”.
