La Comisión Europea rescata del armario, como hace cada cierto tiempo, el tema de la euroviñeta y deja caer que estudia imponer peajes en todas las vías rápidas europeas para coches y camiones.
Esto viene a colación de la revisión de la Directiva Euroviñeta, que debe llevarse a cabo en mayo y, a falta de informaciones contrastadas, se empieza con la pertinente guerra de “globos sonda”, cuyo único objetivo es pulsar la opinión pública, ver como cae la noticia entre los sectores teóricamente afectados por una medida de estas características.
Entonces empieza ese juego especulativo alimentado normalmente por quien más interés tiene en que se hable de esto, es decir, aquellos que se verían beneficiados notablemente por una nueva tasa por el uso de las infraestructuras: compañías de autopistas, como Abertis, que se ha apresurado a dar pábulo a estos rumores, y de paso “colar el mensaje machacón de que los costes de mantener las rutas, 200.000 euros por kilómetro al año, justifican sobradamente esta medida.
La medida que supuestamente estaría estudiando la Comisión supondría un cambio en la política de tarificación actual, no sólo por que ampliaría los usuarios afectados ( se habla de una posible ampliación a furgonetas y coches), sino porque, y esto es más importante se plantea si deben establecerse normas comunitarias para los cinturones de las grandes ciudades y si la voluntariedad de la ley actual se debe convertir en una obligación para todas las vías de la red europea. Esto último, en la práctica obligaría a imponer peajes en las autopistas libres españolas con el consiguiente coste económico y, no menos importante para quien tendría que apoyarlo, coste político.
La Euroviñeta siempre ha pendido sobre las cabezas de los usuarios de las autopistas europeas, en especial sobre los camiones que ya deben pagar por su uso en algunos países de la Unión Europea. La directiva original de la Euroviñeta se aprobó en 1999 y permitía calcular los peajes en función de los costes de construcción, mantenimiento y operativa. En las dos siguientes, adoptadas en 2006 y 2011, la Comisión instaba a los Estados Miembros a tener también en los costes medioambientales y de ruidos. Sin embargo, seguía manteniendo el carácter “voluntario” que otorgaba a los países miembros la facultad de ponerla en práctica o no. Esa voluntariedad ha sido defendida por el Gobierno de España para no impulsar este tipo de tasas, una medida que supondría un duro revés para el transporte de mercancías por carretera, y, de hacerlo extensible, para el resto de usuarios de las vías.
En el caso de los vehículos industriales parece más interesante establecer, como ya ha hecho el Gobierno hace dos años, un Plan de incentivos, con carácter voluntario para fomentar el uso de las autopistas de peajes, especialmente por los vehículos pesados, un plan que este año vuelve a contar con un presupuesto total de 32,7 millones de euros y que se ha mostrado muy eficaz para descongestionar las carreteras convencionales más utilizadas por los vehículos pesados.
Espero como siempre vuestros comentarios
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