Kögel carga contra la reducción de emisiones impuesta a los semirremolques

El fabricante alemán de semirremolques Kögel ha intensificado su ofensiva contra la normativa europea VECTO con una llamativa campaña de protesta bajo el lema "SOS", desarrollada en su planta de Burtenbach (Alemania), donde reunió 16 semirremolques para reclamar una revisión de los objetivos de reducción de emisiones de CO₂ que deberán cumplir los fabricantes a partir de 2030.

La iniciativa contó con el respaldo del viceprimer ministro de Baviera, Hubert Aiwanger, quien criticó la imposición de objetivos que, a su juicio, resultan "poco realistas" para un sector que ya afronta importantes desafíos económicos y de competitividad.

Un reglamento cuestionado por la industria

El origen de la controversia se encuentra en el Reglamento (UE) 2024/1610, que introduce objetivos de reducción del 10% del valor de CO₂ asignado a los semirremolques mediante VECTO (Vehicle Energy Consumption Calculation Tool), la herramienta de simulación desarrollada por la Unión Europea para calcular el consumo energético de los vehículos pesados.

Desde la industria del remolque se cuestiona la aplicación de esta metodología a unos vehículos que carecen de sistema de propulsión propio y, por tanto, no generan emisiones directas. Además, los fabricantes consideran que el sistema se basa en simulaciones que no reflejan con precisión el comportamiento real de los vehículos en condiciones de explotación.

Riesgo de sanciones millonarias

Según Kögel, los objetivos actualmente fijados no pueden alcanzarse con la tecnología disponible, lo que podría traducirse en sanciones anuales de hasta 64 millones de euros para la compañía.

El fabricante sostiene que este escenario obligaría a repercutir parte del coste sobre el mercado, con incrementos de precio que podrían alcanzar el 50% en determinados semirremolques. Una situación que, advierte, afectaría tanto a las empresas transportistas como al conjunto de la cadena logística y, finalmente, al consumidor.

La empresa también alerta de que alrededor de 1.000 empleos podrían verse comprometidos en sus instalaciones, mientras que el conjunto del sector europeo del semirremolque estima que la normativa podría poner en riesgo cerca de 70.000 puestos de trabajo.

Las inversiones industriales, en entredicho

Kögel asegura que la incertidumbre regulatoria amenaza las importantes inversiones realizadas en los últimos años en su planta de Burtenbach, donde ha ampliado sus instalaciones y desarrollado una nueva línea de producción para vehículos frigoríficos.

Para la compañía, mantener la competitividad industrial europea exige compatibilizar los objetivos climáticos con unas exigencias técnicas viables y económicamente asumibles.

Ocho fabricantes llevan el reglamento a los tribunales

La oposición al actual marco regulatorio no se limita a Kögel. Ocho fabricantes europeos de remolques han presentado un recurso judicial para solicitar la revisión del reglamento europeo.

Las empresas insisten en que su iniciativa no cuestiona la descarbonización del transporte, sino la viabilidad técnica de unos objetivos que consideran imposibles de alcanzar con la tecnología existente.

En este sentido, el director general de Kögel, Markus Siegner, recuerda que los fabricantes llevan años reduciendo el peso de los vehículos y mejorando su eficiencia para disminuir el consumo de combustible de los vehículos tractores. Sin embargo, sostiene que la metodología actual de VECTO no reconoce suficientemente esos avances ni las limitaciones físicas propias de los semirremolques.

Una llamada a revisar la regulación

Con la campaña "SOS", Kögel pretende trasladar el debate desde el ámbito técnico al político y abrir la puerta a una revisión de los objetivos fijados por Bruselas antes de que entren plenamente en vigor.

El fabricante mantiene su compromiso con la reducción de emisiones y el desarrollo de soluciones de transporte más sostenibles, aunque insiste en que la transición debe apoyarse en una regulación que combine ambición climática, viabilidad tecnológica y protección de la industria europea