El transporte por carretera tacha de insuficientes y tardías las ayudas del Gobierno ante la escalada del diésel

El Gobierno ha aprobado esta tarde el esperado  paquete de medidas para aliviar las consecuencias de la crisis bélica desatada en Irán y que  está teniendo un  impacto  directo en el  encarecimiento del combustible, afectando de lleno al   transporte por carretera, uno de los sectores más expuestos a la actual crisis energética.

El núcleo de las medidas se centra en la recuperación de la bonificación de 20 céntimos por litro de gasóleo profesional, una ayuda que ya se aplicó en 2023. A ello se suma la reducción del IVA de los carburantes del 21% al 10%. Aunque el Ejecutivo presenta estas decisiones como un respaldo directo al sector,  lo cierto es que las patronales de transporte han salido inmediatamente a criticar lo “limitado del impacto real que van a tener en el sector.

Apenas cubren la mitad de la subida

En el caso de la bonificación, el principal reproche es su falta de adaptación al contexto actual. Las asociaciones recuerdan que el precio del diésel ha aumentado más de un 30% desde el inicio del conflicto en Irán, por lo que mantener la misma ayuda que hace dos años implica, en la práctica, cubrir apenas la mitad del sobrecoste que soportan transportistas y empresas. La medida, por tanto, alivia parcialmente la situación, pero no compensa el fuerte incremento de los costes operativos.

Reducción del IVA: un efecto neutro

Por su parte, la rebaja del IVA tiene un efecto más matizado. Para el transportista profesional, este impuesto es deducible, por lo que la medida no mejora directamente su cuenta de resultados. No obstante, sí supone un respiro en términos de liquidez, al reducir el desembolso inmediato cada vez que se reposta, algo especialmente relevante en un contexto de tensión financiera.

¿Qué dicen las asociaciones de transporte?

Desde Fendismer se valora positivamente que el Gobierno haya recuperado la bonificación al combustible, pero se insiste en que su alcance es claramente insuficiente. La federación subraya que el sector “ya advirtió durante las negociaciones de la necesidad de un plan más ambicioso que compensara de forma equilibrada el aumento extraordinario de costes”. A su juicio, “la ayuda actual solo cubre aproximadamente el 50% del impacto real del encarecimiento del gasóleo, lo que deja a muchos autónomos y pequeñas empresas en una situación comprometida”. En cuanto al IVA, Fenadismer reconoce su utilidad para mejorar la tesorería diaria, aunque insiste en que su efecto estructural es neutro.

No responde ni a la magnitud ni a la urgencia del problema

Una visión similar comparte CETM, que pone el foco en la velocidad a la que se ha producido la subida del combustible. Según sus datos, el precio del gasóleo ha aumentado más de un 32% en apenas tres semanas, una escalada incluso más brusca que la registrada tras el inicio de la guerra de Ucrania. En este contexto, la patronal considera que “la bonificación aprobada no responde ni a la urgencia ni a la magnitud del problema”. Además, advierte de que “la presión sobre los costes está poniendo en riesgo la viabilidad de miles de empresas de transporte”. A esta preocupación se suma la incertidumbre sobre los plazos de aplicación de las medidas, que aún deben superar su tramitación parlamentaria.

La sostenibilidad de las empresas en peligro

Más crítica se muestra ASTIC, que califica directamente las ayudas de “muy decepcionantes”. La organización denuncia que el impacto del alza del combustible ya se ha traducido en pérdidas durante el mes de marzo que no podrán recuperarse en el resto del ejercicio, debido a los estrechos márgenes con los que opera el sector. ASTIC recuerda que el carburante representa cerca del 40% de los costes operativos y pone cifras al problema: un camión pesado de larga distancia puede consumir más de 4.000 litros al mes, mientras que muchas empresas gestionan flotas de más de un centenar de vehículos. En este escenario, la subida del diésel —impulsada por tensiones en rutas estratégicas como el Estrecho de Ormuz— está teniendo un efecto directo sobre la liquidez y la sostenibilidad de las compañías.

En definitiva, el sector del transporte por carretera coincide en que las medidas aprobadas por el Gobierno ofrecen un alivio puntual, pero no abordan de forma estructural la crisis de costes que atraviesa la actividad.